A partir de este mes, se ha implementado una serie de cambios en los registros automotores que simplificarán significativamente el proceso de transferencia de vehículos usados en Argentina. Una de las principales modificaciones es la eliminación del requisito de presentar el “libre deuda” de patentes y multas para realizar la transferencia de un auto.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que los registros automotores ya no estarán encargados de cobrar impuestos y tasas relacionadas con la radicación de automotores, así como multas por infracciones de tránsito.
A partir de ahora, estas responsabilidades recaerán directamente en las jurisdicciones provinciales y municipales. “Será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de los mismos”, afirmó Cúneo Libarona, destacando que los compradores y vendedores de vehículos podrán llegar a acuerdos entre ellos para resolver cualquier deuda pendiente.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien está al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, enfatizó que este cambio representa un avance significativo, permitiendo a los ciudadanos una mayor claridad sobre el destino de los fondos retenidos por el Estado.
Según Amerio, la medida no solo descomplica los trámites, sino que también obliga a los gobiernos a hacerse responsables ante sus ciudadanos de los impuestos y tasas que cobran.
Además de la eliminación del libre deuda, se han anunciado otras medidas, como la reducción del arancel de transferencia al 1%, la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes, y la creación del Legajo Digital Único (LDU).
Este último tiene como objetivo estandarizar y facilitar la inscripción de vehículos bajo una jurisdicción nacional única, permitiendo a los titulares y sus intermediarios autorizados realizar inscripciones o anotaciones sin la necesidad de validaciones adicionales.
El gobierno estima que estas modificaciones representarán un ahorro mensual de $1300 millones para la Administración Pública y devolverán más de $36.000 millones al bolsillo de los argentinos anualmente.
Además, la digitalización de trámites reducirá significativamente los tiempos, costos y riesgos asociados con el manejo físico de la documentación.
Finalmente, la nueva normativa establece una jurisdicción única en todo el país, eliminando las restricciones geográficas que antes limitaban la elección de los Registros Seccionales para realizar trámites. Esto permitirá a los usuarios elegir libremente dónde realizar sus gestiones, mejorando la eficiencia y accesibilidad del sistema registral.
