Una beba de once meses fue internada a fines de junio con un cuadro agudo de intoxicación en un sanatorio en Punta del Este. Los exámenes de laboratorio confirmaron la ingesta de cocaína, anfetaminas, éxtasis y metanfetaminas por parte de la pequeña.
Los padres de la menor, un hombre de 48 años y una mujer de 25, ambos turistas argentinos, fueron procesados sin prisión. El fiscal a cargo del caso los imputó por “omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y la tutela de los hijos“.
Según la versión que dieron a los médicos del hospital donde llevaron a su hija el 26 de junio, el matrimonio reconoció que ese fin de semana realizaron una fiesta en la cual se produjo una “ingesta masiva de drogas de todo tipo” por parte de los participantes.
En ese momento, la madre de la pequeña admitió haber consumido éxtasis y cocaína en la fiesta aunque dijo desconocer el hecho de que los narcóticos pasan a la leche materna.
Sin embargo, en su presentación ante la Justicia, el matrimonio cambió la versión y afirmó que habían contratado un grupo de albañiles que posiblemente habían dejado las drogas en su casa y la nena las habría agarrado. La fiscalía no creyó la nueva declaración y por eso fueron procesados.
Los análisis realizados a la madre revelaron que la mujer consumió cocaína pero no encontraron restos de otras drogas. Ante el juzgado, la médica actuante sostuvo que eventualmente, la cocaína pasó al organismo de la niña por vía del amamantamiento.
Ahora, la Justicia investiga la hipótesis de que la pequeña pudo haber tenido acceso a los otros fármacos.
La beba continúa internada en el sanatorio Cantegril pero ya está fuera de peligro. Los médicos advirtieron que por la gravedad de la intoxicación con la que ingresó al hospital pudo haber muerto e inclusive, quedar con problemas neurológicos muy graves.
El juez que investiga la causa ordenó que la pequeña fuera entregada a una abuela para que pueda regresar al país sin estar junto a sus padres y como medida sustitutiva le impuso a los dos cónyuges la presentación obligatoria tres veces a la semana en la dependencia policial más próxima a su lugar de residencia en el departamento de Maldonado.