Por Diego Mestre. La gran revolución que esperamos los argentinos es la de la política y empieza con la transparencia. De eso se trata la ley de “Ficha Limpia” que impulsamos con fuerza desde nuestro bloque para tratarla en los próximos días.
La ley que proponemos no aseguraría por si misma que los hombres y mujeres que asuman cargos públicos sean íntegros (no hay forma de saberlo con certeza y de antemano). La ley, en cambio, impediría que los condenados por corrupción, entre otros delitos, puedan ser precandidatos o ejercer cargos partidarios.
Se trata de un gran filtro que dejaría afuera de la competencia a quienes han generado pruebas suficientes en su contra y fueron sentenciados por un juez.
El artículo 16 de nuestra Constitución establece que el único requisito para ocupar un cargo público es la idoneidad. La idoneidad tiene que ser vista más allá del cúmulo de antecedentes y capacidades profesionales. Se trata, sobre todo, de integridad. Parte de no tener un prontuario con antecedentes penales. Actualmente, no hay nada que impida que personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos.
Estamos obligados a corregir ese defecto gravísimo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que esa idoneidad va más allá de lo técnico y se extiende al terreno de lo ético.
La iniciativa que he presentado (hay otras en el mismo sentido), contempla, principalmente, condenas por las numerosas variantes de la corrupción. A saber: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude. Además, “todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción”. El ejemplo de Brasil es paradigmático: se aprobó la norma y acabó impidiendo que 2045 candidatos condenados sean candidatos (Lula da Silva incluido). La ley también se aplica en Uruguay, Chile, México Honduras, Perú, España, entre otros países.
Si la ley de ficha limpia hubiera estado en vigencia en 2017, por ejemplo, hubiese impedido que Carlos Menem, un delincuente condenado en segunda instancia a cuatro años de prisión por el pago de más de cuatro mil millones de pesos en sobresueldos durante diez años de gobierno, sea senador de la nación y se encuentre blindado por fueros.
En agosto de 2019, la iniciativa estuvo lista para ser tratada en el recinto, con un dictamen de mayoría consensuado. El Frente para la Victoria, a último momento, no dio quórum. Argumentaron que era una ley oportunista, un show con intenciones electorales y otras excusas arteras. Lo recuerdo con claridad porque me desempeñaba como Presidente de la Comisión de Justicia, una de las que intervenía en el dictamen.
En estos días vamos a reanudar el debate de la ley en diputados. Tengo toda la esperanza de avanzar hasta que entreguemos esta norma al pueblo, en un momento en que Argentina necesita sanar heridas institucionales muy profundas y la administración pública necesita recuperar credibilidad.
Hace tiempo, 160.000 firmas fueron recolectadas en una campaña de internet (Change.org). El pueblo pidió una ley que limite el “derecho al sufragio pasivo”. Hoy, el número de firmas escaló a 366.000 y sigue en ascenso. La cantidad de argentinos involucrados en la petición es elocuente. La sociedad civil a través de sus canales, utilizando la tecnología, está actuando, participando, exigiendo, llevando un mensaje que más bien se parece a un grito. ¿Quiénes sino los representantes debemos luchar por satisfacer esa necesidad destinada a fortalecer la democracia?
La Ficha Limpia eleva los estándares para quienes decidan participar en la función pública. El pueblo nos exige que estemos a la altura de sus anhelos democráticos. Y es más que claro: resulta inadmisible que personas con bajos estándares éticos y morales lo representen y tomen decisiones que afecten su vida. Solamente quienes avalan la turbiedad y la falta de integridad podrían ponerle palos en la rueda a una iniciativa como esta.
Diego Mestre es Diputado Nacional, Presidente Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y la Competencia.