Una red delictiva integrada por empleados “infieles” de la empresa Caminos de las Sierras fue desbaratada este martes tras una investigación que llevó más de un año. El operativo, coordinado por la Policía de Córdoba junto a fuerzas provinciales, derivó en más de 30 allanamientos en domicilios de la ciudad de Córdoba y en el departamento Punilla (en una ciudad no especificada oficialmente hasta el momento) y la detención de al menos tres trabajadores de la firma concesionaria.
Los detenidos están acusados de haber cometido un robo millonario mediante el desvío sistemático de herramientas, cables, maquinaria y otros elementos pertenecientes a la empresa encargada de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia compañía, lo que permitió a las autoridades rastrear la maniobra durante meses.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló que los empleados no solo robaban insumos, sino que incluso desenterraban cables para vender el cobre y crearon una especie de “pyme paralela”, con la cual ofrecían productos y servicios utilizando el nombre de la empresa.
“Vendían plafones nuevos y usados a precios elevados, muy buscados por emprendimientos privados. Incluso hacían instalaciones cobrando un canon mensual, como si fueran parte de Caminos de las Sierras”, detalló Quinteros en declaraciones radiales.
Durante los allanamientos se secuestraron grandes cantidades de herramientas, material eléctrico, maquinarias pesadas y, de forma inesperada, armas de fuego de distintos calibres, lo que generó preocupación entre los investigadores. “Una red delictiva así puede utilizar las armas para cualquier cosa”, advirtió el ministro.
Se trata de empleados con cierta antigüedad en la empresa y un conocimiento detallado de los procesos operativos, lo que les habría permitido actuar sin levantar sospechas por largo tiempo. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en los próximos días, ya que se están analizando los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.
El caso genera un fuerte impacto por la magnitud del perjuicio económico, la complejidad del esquema y la utilización de recursos públicos para beneficio privado.
