Más de 5,3 millones de catalanes están llamados a votar mañana en un referéndum de secesión que fue declarado ilegal por España y que quedó en manos de militantes independentistas que mantienen ocupados decenas de centros de votación y podrían “tomar” otros espacios para que la Policía no impida la consulta.
Lo que pase finalmente con el referéndum del 1 de octubre dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos durante las horas previas al comienzo de la jornada electoral, cuando los agentes de la policía catalana tienen que haber desalojado la gran mayoría de los puntos de votación, cumpliendo órdenes de la Justicia.
El referéndum catalán abrió la mayor crisis política e institucional de la historia reciente de la democracia en España. Los independentistas dicen actuar amparados en su “derecho a la autodeterminación”, reconocido por las leyes internacionales, mientras el Gobierno central de Madrid argumenta que su obligación es evitar que los catalanes voten para defender el marco Constitucional y de convivencia, que impide romper con la unidad del país. El gobierno regional de Cataluña insiste en que los catalanes podrán votar, pese a que la Justicia española lo prohibió, incluso si la Policía “cierra colegios electorales o los asalta”, según palabras del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
“Tenemos un plan A, B y C para que el referéndum se pueda celebrar. Nosotros no estamos en la logística, de eso se encarga el gobierno, pero desde los ayuntamientos y las calles estamos ayudando”, dijo Carles Riera, diputado de la CUP (Candidatura de Unidad Popular ), la fuerza anticapitalista que brinda apoyo a Puigdemont y sin la cual el desafío secesionista nunca hubiese llegado a este punto decisivo. “La respuesta será ocupación masiva y no violencia. Existe un tejido social y cultural detrás, incluso la Iglesia puso a disposición espacio para votar, y allí la policía no puede entrar”, remarcó el dirigente independentista en declaraciones a Télam.
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, envió 10.000 agentes de policía a Cataluña para reforzar a los 16.000 Mossos d’Esquadra (policía catalana) en las labores de mantenimiento del orden público y cumplimiento de las ordenes judiciales para impedir el referéndum, que aseguran que no se celebrará porque es “ilegal”. dejó claro que el éxito de la convocatoria dependerá de la movilización de los propios militantes independentistas. El gobierno regional catalán, en manos Carles Puigdemont, pretende abrir 2.315 centros electorales en distintos puntos de Cataluña con 6.249 mesas con urnas y afirma que tiene más de 7.000 voluntarios involucrados en esta tarea.
