Todo parecía ir viento en popa y hasta este jueves había acuerdo en el Concejo de Representantes para votar el pliego de concesión que le daría la continuidad a Cotreco en el servicio de recolección de residuos domiciliarios.
Sin embargo, la aparición en escena del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, en el cuerpo legislativo encendió la luz roja entre los ediles de la oposición por el pedido expreso de otorgar una prórroga de 90 días al contrato actual para que den los tiempos de implementación del nuevo pliego. El tema es que el contrato actual de Cotreco vence el 1 de octubre y no darían los tiempos para poner en funcionamiento el nuevo pliego de concesión.
Los ediles del Frente Cívico Walter Gispert, Oscar Sequeira y Gustavo Molina junto a su par del radicalismo, Natalia Lenci, ya adelantaron su posición: en la sesión trasladada a este viernes votarán el pliego tal como se trabajó hasta la audiencia pública con lo que se podría abrir una polémica en la que prometen ir a la Justicia.
“En enero presentamos una resolución para que envíen la licitación al Concejo porque se vencían los plazos, recién se trató en marzo y fue votada por unanimidad para que en 30 días se envíe la licitación”, explicó Walter Gispert que agregó: “En agosto volvimos a insistir porque sabíamos que el 1 de octubre se vencía el plazo de la licitación. El mismo día entró el proyecto y empezamos a trabajarlo. Estábamos en un 90 por ciento de acuerdo y hoy, después de la audiencia pública, Horacio Pedrone viene a hacer unos cambios mandado por Avilés y plantea una prórroga de 90 días del actual contrato”.
Para Gispert dice que esta modalidad iría en contra de toda la legislación y anticipó: “Nosotros no vamos a acompañar este proceso y estamos preparando un pliego por minoría que es el acordado”. Y acotó: “La responsabilidad de que esto pase es de Avilés por no haber mandado en tiempo y forma el pliego siempre que había tiempo fatal, y además el Concejo le reclamó esto con mucho tiempo de anticipación”.
“Esto puede terminar en la Justicia”, aseveró su par de bancada, Gustavo Molina. Y Gispert apuntó que si se cae el pliego hay que hacer todo el proceso de nuevo. “Es una barbaridad lo que hicieron un día antes de la segunda votación después de la audiencia pública”, remarcó.
La cuestión de los tiempos
La concejal oficialista Soledad Zacarías explicó el motivo del atraso subrayado por la oposición tiene que ver con que había que trabajar lo concerniente al Centro Ambiental que se está ejecutando en Costa Azul a través del programa GIRSU.
“Los tiempos con que se manejó el Ejecutivo estuvieron de acuerdo con lo que se manejaba hacia futuro respecto a lo que le corresponde por el GIRSU con la nueva planta de tratamiento”, sostuvo Zacarías que añadió: ” Una vez que se tuvo eso en claro necesitamos un tiempo para trabajarlo en conjunto dada la complejidad porque hubo mucho estudio del DEM y nuestro. Cada aporte que hizo cada concejal llevó a mejorar el pliego original”.
“Parece que la oposición está ávida de marcar el error de Esteban Avilés, pero quiero recordar que como concejales también tenemos la responsabilidad de llegar a un mejor pliego”, expresó y advirtió: “Podría haber presentado una propuesta la oposición. Para nosotros los tiempos son secundarios, tenemos que garantizar el servicio con un pliego sin nombre y apellido”.
¿Qué puede pasar?
Entre las posibilidades que barajan tanto oficialismo como oposición con respecto a los que sucedería en la sesión de este viernes son varias.
Desde la bancada que comanda Walter Gispert avisaron que como no se cumplieron los tiempos estipulados ellos presentarán un proyecto para avalar el pliego en segunda lectura tal como se venía trabajando. La otra posibilidad es que se vaya a la Justicia a denunciar esta presunta irregularidad.
Otra posibilidad es que el intendente Esteban Avilés prorrogue por decreto el actual contrato de concesión. Lo cierto es que en la sesión de este viernes habrá dos posiciones encontradas y la necesidad de contar con 8 votos para avalar cualquier tipo de solución al conflicto.
El tema de fondo no es cualquier tema. Están en juego nada más y nada menos que 7.874.664 de pesos que saldrá mensualmente de los vecinos para pagar el servicio de recolección de residuos urbanos.
