El jueves comenzó en el Centro de Convenciones de Córdoba la audiencia pública de debate sobre el proyecto de nueva ley nacional de discapacidad.
Entre otras autoridades estuvo presente el ministro de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio, que destacó la amplia presencia de sectores relacionados con la discapacidad: “Celebro la participación de las ONG y de todas las personas que tienen para aportar en el tema. Es muy importante que podamos tener una mirada amplia, participativa, colectiva y federal para poder mejorar las leyes de nuestro país”.
Y añadió: “Entendemos que no hay mejor forma de llevar adelante esta discusión que no sea diseñando las políticas públicas, discutiéndolas con los principales protagonistas, que son las personas con discapacidad, sus familias, las ONG y, por supuesto, el Estado”.
La audiencia continúa este viernes y podrán participar como oyentes todas las personas interesadas, sin necesidad de inscripción previa.
Para la subecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud de la provincia, Marité Puga, “los aportes a la nueva ley de discapacidad que estamos haciendo como provincia y como región, hace que hayamos visto un interés muy importante de organizaciones, padres y madres, que realmente quieren que estos viejos paradigmas de una ley que tiene tantos años se modifiquen”.
Y agregó: “Estamos muy satisfechos con la cantidad de gente que concurrió a la audiencia. Tuvimos más de 200 oradores, y nos pareció que cada participación fue muy valiosa.
Fue una jornada importante con participantes de Santa Fe y Entre Ríos, e hicieron uso de la palabra organizaciones, personas con discapacidad, padres y madres”.
La organización de las dos jornadas está a cargo de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud provincial y se enmarcan en una serie de audiencias que se realizarán durante todo mayo en diferentes regiones del país (Patagonia, Centro, NOA, NEA, Cuyo, AMBA).
Hacia una nueva ley
Las audiencias en torno a una nueva ley de discapacidad buscan reemplazar la Ley 22.431, de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que fue sancionada y promulgada en 1981, durante la última dictadura cívico-militar.
Resulta fundamental para el proceso de gestación de una nueva ley de discapacidad generar instancias de diálogo e intercambio plurales y federales que recopilen los aportes y opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos públicos cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades, y todos los sectores clave.
La nueva ley de discapacidad que se propone desde la Agencia Nacional de Discapacidad tiene una impronta de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural; pretende estar amparada en lineamientos que reconozcan a la persona primero como persona y que promueva diseños universales de todos los entornos y herramientas de apoyo, en lugar de entornos diferenciales que no fomentan la inclusión.