El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, presentó su renuncia al cargo en forma “indeclinable” en una carta que envió al presidente Maurcio Macri en la que señaló que el Protocolo derogado este viernes “es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darle certezas protección” en la realización de los procedimientos.
El funcionario sostuvo en la misiva que su dimisión será a partir del lunes 25 de noviembre.
“La actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho la Interrupción Legal del Embarazo que fue derogado hoy es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darle certezas protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro Código Penal y refrendado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó el funcionario.
Dado que se trata de un protocolo actuación médica de competencia de la autoridad sanitaria no correspondía dar intervención a otros organismos gubernamentales”
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En ese sentido, expresó que “la publicación del protocolo respondió a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015, actualizando también las recomendaciones internacionales a cerca de los medicamentos y procedimientos para la interrupción legal del embarazo”.
Rubinstein dijo que “lo más importante, y a diferencia del Protocolo de 2015, la resolución que ya lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización la entidad jurídica y normativa que varias provincias argentinas reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar la ILE en las personas gestantes, incluidas las niñas adolescentes en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad”.
“Dado que se trata de un protocolo actuación médica de competencia de la autoridad sanitaria no correspondía dar intervención a otros organismos gubernamentales”, explicó. Y destacó: “Durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades tanto la protección como la ampliación de derechos de la mujer, niñas, adolescentes, las personas con capacidad de gestar y comunidades LGBT”.
