El asesinato de Franco Amaya, en lo que se considera un presunto caso de gatillo fácil, despertó críticas desde todos los sectores respecto a la formación de los policías en la provincia de Córdoba. Una legisladora de la oposición insistió en pedir que los oficiales sean sometidos a rigurosos exámenes de salud mental.
Liliana Montero, legisladora por Córdoba Podemos, quien nació y vivió muchos años en Carlos Paz, presentó un pedido de audiencia con el flamante secretario de Seguridad, Diego Hak, para plantearle la necesidad de que los miembros de la Policía de Córdoba sean sometidos a exámenes de salud mental.
La legisladora está interesada en que considere lo dispuesto en un proyecto de ley de su autoría, de octubre de 2015, que crea un Sistema Integral de Atención en Salud Mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
En el proyecto se dispone que para el ingreso a las fuerzas, los aspirantes deben atravesar una evaluación -interdisciplinaria y externa- de aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar y social en la cual conste como mínimo una descripción de las características de personalidad, aptitud para portar armas, condiciones y antecedentes, psiquiátricas-psicológicas.
Luego, para cada ascenso y durante la permanencia en la Fuerza de Seguridad, quienes portan armas deberán atravesar exámenes periódicos y acompañamiento psicológico.
Posteriormente, se dispone que Los miembros de las Fuerzas de Seguridad que porten armas deberán, una vez producido el retiro de las mismas y durante un plazo no menor a seis meses continuar bajo tratamiento psicológico.
