El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, reveló la pesquisa bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.
Entre los argentinos mencionados figuran el expresidente Mauricio Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola, informaron el diario madrileño El País y las agencias de noticias AFP, Europa Press y Sputnik.
En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.
Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayoría son prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propiedades.
Según los Papeles de Pandora, Putin tiene propiedades en Mónaco, mientras Lasso cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia y depositó fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.
El rey de Jordania, por ejemplo, adquirió importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de casi 93 millones de dólares desde que llegó al trono en 1999, pero sus abogados afirman que se compraron con fondos particulares y que se destinan a proyectos para la ciudadanía.
También aparecen el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales, y el premier de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de dólares en paraísos fiscales.
En tanto, el premier checo, Andrej Babis, no declaró una empresa que posee dos mansiones de 12 millones de dólares en el sur de Francia, y esta revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, ya que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos, es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que poseen empresas en paraísos fiscales, y su par de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien compró propiedades en el Reino Unido por más de 541 millones de dólares y una de ellas fue vendida a la Casa Real británica con un beneficio de casi 42 millones de dólares, fue acusado de expoliar las riquezas de su propio país.
La ruta
“Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas en paraísos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos”, destacó el vocero de ICIJ, Fergus Shiel.
“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, agregó.
La investigación “abre una caja de muchas cosas”, lo que da nombre a la filtración.
En 2016 el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que reveló que líderes políticos, funcionarios de altos cargos y celebridades habían contratado servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países.Debido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, el bufete se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.
