El conflicto en el Banco de la Provincia de Córdoba se profundiza. Este miércoles 23 de abril, los empleados nucleados en la Asociación Bancaria realizaron nuevas asambleas informativas con cese de atención al público en todas las sucursales de la provincia, incluyendo la de Villa Carlos Paz.
La asamblea fue de dos horas, de 11 a 13 horas, según expresa el cartel informativo que se dispuso en el ingreso al establecimiento bancario.
Facundo Varrone, delegado gremial local, enumeró las principales demandas del sector, entre ellas, el polémico impuesto del 4% sobre los aportes a la Caja de Jubilaciones, implementado por el gobernador Martín Llaryora. “Ese impuesto iba a ser temporal y ya lleva más de un año y medio sin señales de derogación”, señaló el referente sindical.
Entre los puntos más críticos, Varrone apuntó a la paralización de la carrera bancaria, la falta de reconocimiento por antigüedad, y la eliminación de incentivos por productividad, guardias y horas extras. “En ciudades turísticas como Carlos Paz, donde se requiere recargar los cajeros automáticos los fines de semana para garantizar la disponibilidad de efectivo, la cantidad de empleados es mínima porque el banco lo considera un gasto innecesario, cuando en realidad es un servicio esencial para toda la comunidad”, explicó.
La precarización laboral también forma parte de los reclamos históricos. Según el delegado, el banco mantiene contratos con empresas tercerizadas como Prosegur o Bacar, cuyos empleados realizan tareas de atención al público pero bajo convenios laborales ajenos al sector bancario. “Son empleados de comercio trabajando en un banco, lo cual no corresponde legalmente”, afirmó. Además, sostuvo que el banco termina pagando el doble por estos contratos, en lugar de incorporar personal de planta.
A la falta de personal en las sucursales y el deterioro edilicio, especialmente en localidades del interior. “En Carlos Paz tenemos la suerte de que mantienen la sucursal porque es vidriera para el turismo, pero hay otras sedes en estado de abandono”, comentó Varrone.
La situación se agravó recientemente con el cierre de extensiones como la de avenida Cárcano, lo que afectó directamente a jubilados de la zona sur de la ciudad y las comunas del sur como Cuesta Blanca, San Antonio o Mayu Sumaj². “Antes podían acercarse a la sucursal de Cárcano, ahora deben trasladarse hasta el centro, lo que implica más tiempo, más gastos y mayor incomodidad”, advirtió.
El delegado insistió en que el banco parece haber perdido su rol social y comunitario, poniendo el foco únicamente en el achique de costos. “Para ellos, la atención al público es un gasto, pero para nosotros es una obligación como banco provincial que debe estar cerca de la gente”, concluyó.
