El asesor letrado del municipio, Darío Pérez, habló sobre la conflictividad con que se plantea la primera etapa del traspaso del servicio de agua potable de la Cooperativa Integral al municipio. Y planteó que la denuncia presentada por la Coopi ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tendrá asidero ya que este organismo sólo recepta casos de personas individuales.
En diálogo con el programa Una de Cal, de Radio Más Rock, Pérez señaló que el ingreso a las distintas reparticiones en manos de la Coopi se concretó por una orden del fiscal Ricardo Mazzuchii y no por una negociación entre las parrtes.
“El intendente realizó lo que ordenó el Tribunal Superior de Justica que es readecuar los plazos que habían sido establecidos en en 2017 en tres etapas. La primera etapa es la de verificación administrativa y operativa, la segunda etapa es en febrero que es la recepción provisoria de los bienes y servicios concesionados y la última que es la recepción definitiva de los bienes y servicios concesionados”, aseveró Pérez.
Y relató: “Cuando nosotro concurrimos, el gerente general y sus letrados manifestaron que no iban a permitir el proceso de verificación. Dejamos constancia en un acta labrada por el oficial mayor y un escribano. Formulamos una denuncia penal ante el fiscal de turno Ricardo Mazzuchi para hacer cesar el delito de desobendiencia de la autoridad o resistencia a la autoridad. Lo que pareció una negociación no fue tal porque en realidad entramos con una orden del fiscal Mazzuchi”.
En otro orden, aseveró que en el caso de la fiscalización en el edificio central de la calle Moreno, no obtuvieron información pero sí el compromisio del gerente Rodolfo Frizza de ofrecer la información requerida en los próximos días.
Se trata, según enumeró el funcionario de “la base de datos informaticos en formato accesible relativa a las cuentas de servicios, las rutas de lecturas de medidores, historial de consumos, maniobras de válvulas, etc”.
Este jueves, con la orden de Mazzuchi en la mano, otra comitiva municipal ingresó a la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. “Pudimos ingresar nuevamente a la planta donde en líneas generales los técnicos de la municipalidad pudieron ingresar y constatar que está todo funcionando y en buen estado”, expresó Pérez.
La denuncia internacional
En cuando a la denuncia presentada por la Coopi ante el organismo internacional, aseveró: “Han presentado con escribano público es una denuncia contra el Estado argentino y la Municipaldiad de Villa arlos Paz por violación de derechos humanos.
Y acotó: “Lo hemos respondido antes de ayer y entendemos que la Coopi no está legitimada para formular esta denuncia porque este plexo normativo que ellos invocan legitima solamente a personas humanas. Y si bien dicen que la denuncia está acompañada por usuaris y vecinos y trabajadores, que sí estarían legitimados, lo cierto es que estas personas tampoco están legitimados porque deberían haber acompañado el planteo ante la Corte Suprema”.
Por otro lado, remarcó que la Coopi fue patrocinada por el exjuez federal Rodriguez Villafañe, por lo que criticó que ahora se plantee el tema de los derechos humanos. “Que vengan ahora a denunciar por derechos humanos nos parece un despropósito porque tuvieron la oportunidad de demandar, de ofrecer y producir pruebas, de alegar. Y no sabemos cuál es derecho humano. Entre los derechos que ponen en el artículo está el derecha a la salud, al agua y todo eso ha sido ampliamente debatido” en el proceso de la causa, dijo el letrado.
La situación de los trabajadores
Otro tema que genera disputas y planteos contradictorios tiene que ver con la continuidad laboral de los trabajadores del servicio. Sobre este punto, Pérez expresó que en 2017 cuando se expidió el TSJ el municipio inició actuaciones admnistrativas en el Ministerio de Trabajo “con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo afectadas al servicio de agua porque la coopierativa tiene otras actividades que no forman parte de la cuestión”.
“En esa oportunidad, luego de varias reuniones, el ministro de Trabajo le pidió a la Coopi que pusiera a disposiicón la nómina de empleados. Eso ocurrió y el número concreto era de 156 y como la cooperativa dispuso el recurso extraordinario se pasó a un cuarto intermedio”, dijo y acotó que el reinicio de esa negociación, la semana pasada se planteó desde el SIPOS, el gremio que los nuclea, que en realidad zon 254 los trabajadores.
Y apuntó que la semana próxima serán los directivos de la Coopi los que deberán concurrir al Ministerio para seguir avanzando en la negociación.
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