Ni al mejor guionista de una serie de suspenso se le podría haber ocurrido un desenlace así. El mismo día en que el juez Claudio Bonadío decidió emitir la orden de desafuero y detención de la actual senadora y expresidente Cristina Fernández, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dio a conocer el fallo que avaló el decreto del intendente Esteban Avilés para municipalizar el servicio de agua potable prestado por la Cooperativa Integral desde hace 54 años.
Lo primero, la decisión de Bonadío, no había sucedido nunca antes en el país: nunca un presidente fue acusado de “traición a la Patria”, un delito estipulado para casos extremos, situaciones de guerra o estados de sitio en el que se comprueba que el funcionario o mandatario “trabaja” para el enemigo.
Lo segundo, el fallo del TSJ, tampoco había ocurrido y pone a Carlos Paz en una situación que no se había presentado nunca en su vida política. Si bien puede haber diferencias sustanciales entre ambos casos, ambas situaciones ponen en juego discusiones que hacen más notoria eso que algunos llaman “la grieta” y que otros prefieren enmarcar en la eterna puja de poder entre sectores antinómicos -desde lo ideológico hasta lo pragmático- que pueden encontrarse en la historia del país como Nación repitiéndose en cada pueblo o ciudad con sutiles detalles propios o no.
Si hay un escritor argentino que ha sabido describir esa relación de ida y vuelta que se da entre el Poder Central residente en Buenos Aires y la manera particular y regional de ver y vivir los conflictos políticos, religiosos y culturales, ése es Osvaldo Soriano. Es interesante ver en sus libros cómo, desde historias microscópicas, se profundiza sobre los grandes debates de un país herido y partido desde su conformación como Nación.
En junio de 2015, la noche en que Avilés ganó la reelección por un margen que impactó a propios y extraños, había tomado la decisión de ir por todo contra la Cooperativa Integral, el enemigo elegido para llevar adelante su gestión con la lógica argentina del contraste permanente. Al año siguiente, después de terminar su relación con Walter Gispert, su principal aliado en Carlos Paz Unido, anunció la municipalización del servicio de agua potable, el principal bastión de la Coopi y sin el cual no tiene sentido su supervivencia como tal.
Desde la cooperativa se vio siempre a Avilés como un enemigo pero sus dirigentes quizás nunca esperaron este desarrollo y desenlace de los hechos que ahora con seguridad desviarán su curso hacia la Corte Suprema de la Nación. Por lo bajo, plantean que el fallo judicial del TSJ está tan enfrentado con lo que había planteado la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ven alguna maniobra política detrás. Y contextualizan con lo sucedido el mismo día a nivel nacional.
El fallo tomó por sorpresa al Gobierno y a la Coopi, y a todo el arco político local que quedó desmarcado ante la noticia.
Vendrán más trámites judiciales. Habrá, seguramente, una apelación de los abogados de la cooperativa ante la Corte Suprema y un tiempo más de espera. Mientras, todavía no está muy claro cuándo y cómo se haría el traspaso del servicio de agua desde la prestataria hacia el municipio. Hay, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta hacia el futuro.