Ya se sabía de antemano. El oficialismo no obtuvo los votos necesarios para avalar el proyecto al través del cual pretendía crear un régimen de traspaso de los trabajadores del servicio de agua de la Coopi a la plantilla de empleados municipales.

El proyecto necesitaba el voto de los dos tercios del cuerpo y al menos, el aval de dos concejales de la oposición. Tras un arduo debate, la votación terminó con 7 votos a favor y 5 en contra. Necesitaba 10 votos para ser aprobado.

La sesión virtual se extendió durante varias horas y fue una muestra de las posiciones encontradas en torno al tema entre el oficialismo y la oposición.

Desde el oficialismo, el concejal Sebastián Guruceta aseguró la presentación del proyecto forma parte de “una prerrogativa que ha dado el intendente a estos sectores que prestan una actividad específica y se conserva la misma situación laboral y únicamente cambia la patronal”.

Y apuntó que el planteo de la gerencia de la Coopi “es un fundamentalismo dentro de la cuestión laboral para favorecer que los trabajadores no pasen al municipio. Cuando el intendente realiza este acto beneficioso al trabajador, la Gerencia lo que quiere realizar es apropiarse de esta situación para que no pasen los trabajadores”.

Por otro lado, remarcó que el trasfondo de la cuestión es “generar conflicto”. “Van a utilizar a los trabajadores y no tiene ningún asidero jurídico porque está establecido dentro del marco legal”.

La concejala Carla Livelli fue enérgica al señalar que se escuchó a los vecinos para seguir adelante con el proceso que fue avalado por la Corte Suprema. “Nosotros escuchamos a los vecinos que no quieren la capitalización, que no quieren que les cambien los medidores. No hay peor sordo que el que no quieren oír. Aquí nos hablan de falta de voluntad y quiero saber cuál fue la voluntad de esta minoría para llevar agua a Villa del Lago. Le hicimos un pedido de informes para que la Coopi nos diga cuántos usuarios y socios y no la aprobaron”, sostuvo.

Y se preguntó: “¿Cuántos vecinos están apoyando la lucha cooperartiva?”, al tiempo en que expresó que la oposición le “esta negando a los trabajadores el traspaso al municipio”.

En otro orden, planteó que la planta de trabajadores de la cooperativa “creció exponencialmente” en los últimos meses.

Por otro lado, Mariano Melana señaló: “No puede haber nada por encima del estado. No puede haber una cooperativa familiar por encima del municipio. La estructura es deficitaria por eso cobran la capitalización. Según su balance tienen una pérdida de más de 50 millones de pesos. Y tienen sueldos de arriba de los 284 mil pesos como el de Rodolfo Frizza”.

Opinó  que “la oposición siempre mintió porque desde 2016 nunca presentó un proyecto para que se vea cómo se iba a hacer el traspaso de los trabajadores de la Coopi al municipio conservando sus derechos”.


La oposición

A su turno, Jorge Lassaga (Todos somos Carlos Paz) lanzó que el Concejo “debe dejar de ser una escribanía” y acotó: “Asumimos para estar del lado de la ley, del lago de la Carta Orgánica, no para hacer lo que quiere el Ejecutivo”.

“Este proyecto agudiza el malestar social y de ninguna manera garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores del a Coopi. Este proyecto lo que busca es ser una cortina de humo para avanzar. Se está jugando con la gente, con su salud pero fundamentalmente se está jugando con los vecinos por el servicio de agua”, expresó.

Y agregó: “Carlos Paz Unido es el único responsable de la situación actual y futura de los servicios públicos y de los trabajadores”.

En tanto, Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), aseguró que los que cuestionan el proyecto representan 2a un amplio grupo de carlospacenses”. ”

“Este proyecto es parte del proceso que es el justificativo para dejar más de 200 familias carlospacenses sin trabajo. Este no es mérito para nadie”, indicó el edil y agregó: “El momento de pedirle al Concejo la intervención era 2016 cuando el exintendente Avilés envió aquel proyecto de ordenanza para avanzar por el futuro de los servicios públicos”.

Quaranta señaló que el proyecto es “contrario a la Carta Orgánica” y remarcó: “Tarde han venido a decirnos que  nos hagamos cargo de lo que nunca quisieron resolver. Siempre la idea fue dejar afuera a los trabajadores de la Coopi y usar un servicio público como un nuevo botín para hacer política”.

Por su parte, Natalia Lenci (CAPAZ) aseguró que el proyecto “es violatorio a las disposiciones expresas en la Carta Orgánica, especialmente en el artículo número 3 que estipula el régimen del empleado municipal”.

La edil afirmó que el Ejecutivo no puede ocuparse de cuestiones que son potestad del Concejo. “Debiera crearse una comisión fiscalizadora que garantice el proceso y no que discrecionalmente el Poder Ejecutivo haga los nombramientos”, dijo.