Agua, gas natural y cloacas son servicios esenciales y también vitales para nuestra era. En Carlos Paz, el conflicto que enfrenta a la administración del intendente Esteban Avilés con la Cooperativa Integral ha puesto en el centro del debate la discusión sobre quién tiene que tener a su cargo la prestación de estos servicios públicos.
Desde que asumió Avilés, en 2011, dejó en claro la decisión del Ejecutivo de ir por todos y cada uno de estos bastiones de la Coopi, que lleva 54 años a cargo del servicio de agua, 16 años en cloacas y 14 años desde la conformación de la empresa mixta Carlos Paz Gas en la comparte acciones con el municipio. La dirigencia de la entidad cooperativa llevó a la Justicia cada uno de los planteos del Ejecutivo y en esta nota te mostramos en qué situación está cada conflicto.
Gas natural
En agosto de 2012, en el discurso de apertura de sesiones del Concejo de Representantes, el intendente Avilés, en su primer año de gestión, anunció que expropiaría el 48,5 de las acciones que la Coopi posee en Carlos Paz Gas y que transformándola en una empresa municipal. Con un Concejo de Representantes favorable, el Ejecutivo logró que se sancione una ordenanza que le posibilitaba expropiar las acciones de la cooperativa.
La Coopi planteó que la ordenanza es inconstitucional y fue a la Justicia. La jueza en lo Civil y Comercial, Viviana Rodríguez, se expidió de manera favorable al municipio con lo que los abogados de la cooperativa llevaron el tema ante la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Superior de Justicia, que también terminaron fallando en consonancia con la magistrada de Carlos Paz.
Ante esta situación, quedó como última instancia la Corte Suprema de la Nación y la Coopi interpuso un recurso extraordinario que, semanas atrás, el TSJ habilitó. Ahora, el máximo tribunal del país dirimirá la cuestión.
Cloacas
El 26 de noviembre de 2017 se venció el contrato de concesión de la Cooperativa Integral en el servicio de cloacas, del que estaba a cargo desde 2003, cuando se conformó la Asociación Regional de Cooperativas (Arcoop) para la prestación de las plantas de todo el Valle de Punilla a partir de un convenio con la Provincia y los distintos municipios.
En agosto del año pasado, Avilés anunció que no renovaría el contrato de concesión y tomaría el servicio a cargo del municipio. De hecho, el 8 de diciembre hubo un intento para que esto se concretara pero los trabajadores de la prestataria tomaron las instalaciones de la planta de Costa Azul y lo que sucedió fue que se labró un acta notarial para dar constancia de lo sucedido.
El municipio quiere sumar este servicio al del agua, para prestarlo primero desde una Subsecretaría y luego desde un ente municipal.
La estrategia de los abogados de la prestataria se basa en el convenio firmado por la Provincia, el municipio y Arcoop (una asociación de cooperativas de Punilla) en el que se plantea que las cooperativas son las que prestan este servicio en la región.
El tema está ahora en la Cámara en lo Contencioso Administrativo que deberá decidir los pasos a seguir.
Agua
El más reciente es el conflicto por el servicio de agua potable. En su discurso de apertura de sesiones de 2017, el intendente Avilés anunció que el municipio se haría cargo de la prestación. Desde ese momento comenzó un conflicto que aún no tiene resolución. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia avaló la decisión de Avilés y lo conminó a tomar el servicio de manera inmediata.
El 28 de febrero pasado, funcionarios municipales intentaron ingresar a las instalaciones de las plantas de Cuesta Blanca y La Quinta pero se encontraron con la resistencia de los trabajadores y se labraron sendas actas ante escribano público con la presencia de abogados de ambas partes.
Los letrados de la Coopi plantearon un recurso para que sea la Corte Suprema de la Nación la que decida sobre la cuestión. El trámite indica que ese recurso debe ser aceptado por el TSJ y en eso está: aún no hubo una definición sobre el tema desde el máximo órgano de la Justicia provincial.