El gobierno de Córdoba volvió a poner sobre la mesa uno de los principales conflictos financieros que enfrenta la provincia: la millonaria deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones. El reclamo asciende, según estimaciones del Centro Cívico, a casi un billón de pesos, entre capital e intereses acumulados.
En ese marco, este miércoles se desarrolló en Buenos Aires una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Participaron representantes de ambas jurisdicciones, aunque no se informó oficialmente quiénes asistieron por parte del Ejecutivo nacional.
Por Córdoba estuvieron presentes el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Justicia Julián López, el fiscal de Estado Jorge Córdoba y el ministro de Economía Guillermo Acosta.
Un reclamo que “defiende la República”
Antes del encuentro, Llaryora sostuvo que el objetivo es “recuperar el flujo de fondos” que le corresponden a la Provincia por ley, y que la Nación dejó de girar. “Esto es defender la República”, dijo. Y agregó: “No se puede actuar sin respetar la ley ni los acuerdos que nos llevaron a la conformación de la República. Porque si no, cualquier gobernador o intendente haría lo que quiere unilateralmente, y eso no funciona así”.
El mandatario también apuntó a una idea de colaboración institucional: “Tenemos que colaborar para que a la Argentina le vaya bien, pero siempre apoyando las medidas que sean para el bien común. Lo hicimos con este presidente y lo hubiéramos hecho con cualquier otro”.
En ese sentido, Llaryora fue tajante al recordar que “nunca en la historia se giró cero pesos a Córdoba” y agradeció a la Corte Suprema por convocar a la audiencia: “Unilateralmente la Nación no cumple, pero las provincias sí lo están haciendo”.
Un conflicto que atraviesa gestiones
La demanda por la deuda con la Caja no es nueva: fue iniciada en 2022, durante la gestión de Juan Schiaretti, por incumplimientos en los acuerdos de actualización de los envíos de fondos. La situación se agravó con la llegada de Javier Milei a la presidencia, ya que desde el inicio de su gestión cesaron las transferencias, en el marco de la política de ajuste fiscal.
El reclamo cordobés se apoya en convenios firmados con la Nación que, según la Provincia, están siendo violados por la actual administración.
Bienes como posible compensación
Aunque el camino judicial sigue su curso, Córdoba también busca una vía de resolución política. Desde el año pasado, la Provincia forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una herramienta que permite negociar deudas cruzadas entre jurisdicciones y compensarlas con activos.
En este contexto, comenzaron a circular versiones sobre posibles bienes que la Nación podría ofrecer como parte de pago: la Reserva Natural de Defensa La Calera, la Central Nuclear de Embalse y hasta la Fábrica Militar de Aviones (Fadea) estarían sobre la mesa. Sin embargo, no hay definiciones oficiales al respecto.
Fue el propio ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien habló de avances y publicó una foto junto a Llaryora y Acosta, anticipando la firma “próxima” de un acuerdo.
Expectativas cautas
Desde el gobierno provincial aseguran que los fundamentos legales son sólidos, pero mantienen la cautela. Saben que la Corte Suprema no se caracteriza por la velocidad en este tipo de causas, y que incluso un fallo favorable podría demorarse o encontrar obstáculos en su implementación.
Córdoba es la primera de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales en llegar a esta instancia judicial, por lo que lo que se resuelva podría sentar un precedente clave para el resto.
Mientras tanto, Llaryora refuerza su discurso político: “Defiendo el federalismo argentino. Hay situaciones que no dan para más, y esta es una de ellas”.
