Las caravanas de migrantes que parten cada año desde Centroamérica hacia Estados Unidos tenían entre sus máximos riesgos la posibilidad de ser víctimas del crimen organizado y la trata de personas. A esas amenazas se sumaron la pandemia y el cierre de fronteras.
Sin embargo, “ni la pandemia, ni sus consecuencias detienen el desplazamiento forzado”, afirmó a Télam Angelita Caredda, directora de Norte de Centroamérica y México para el Consejo Noruego para Refugiados.
La última gran columna partió a mitad de enero desde el norte de Honduras con la esperanza de que haya una flexibilización de las políticas migratorias tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
A los pocos días la marcha fue frenada con palos y gases lacrimógenos por militares y policías de Guatemala en el departamento fronterizo de Chiquimula.
La autorización para el uso de la fuerza partió de un decreto del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, con el argumento de evitar la propagación de la Covid-19, detectada en una veintena de integrantes de las caravanas de unas 7.500 personas, entre ellos familias enteras con niños.
“Las autoridades guatemaltecas identificaron casos positivos entre la población que se movilizaba desde Honduras y que se encontraba en Chiquimula. Pese a esta situación, el temor por la expansión de la Covid-19 no puede ser una causante de deportación”, afirmó Caredda.
