Como se esperaba luego de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia avalando el decreto que dispone el traspaso del servicio de agua potable de la Coopi al municipio, la actual prestataria apelará el dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la entidad señaló que la “decisión del TSJ será apelada por la Coopi en todas las instancias correspondientes hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y apunta: “El fallo contradice el mandato de la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 134, dictamina que es el Concejo de Representantes de esta ciudad el que debe resolver en este tema. Por otro lado el mismo TSJ hizo lugar al amparo solicitado por la Coopi para que el intendente suspenda las acciones tendientes a quitar el servicios de cloacas”.
Amenaza
Por otro lado, el comunicado puntualiza: “Sin lugar a dudas estas situaciones representan una total amenaza para el futuro de la Coopi. La quita del servicio de agua y después el de cloacas, representa su quiebra y su desaparición como institución”.
Y agrega: “Privar a la Coopi de la posibilidad de gestionar todas sus actividades con la lógica de integración de recursos, que por otro lado, se avala y permite a las empresas del capital lucrativo, significa la pérdida de 300 fuentes laborales, 300 familias que pierden su ingreso económico principal. Elimina 54 años de trabajo cooperativo aplicado a servicios públicos como el agua y las cloacas que tendrán su impacto en el turismo y la salud pública de la Villa y la Región”
Por otro lado, señala el comunicado que “no hay motivos operativos, técnicos, legales, económicos o institucionales que justifiquen la quita de los servicios a la Coopi” y que, por el contrario, “la calidad de los servicios brindados es corroborada a diario por los usuarios de los mismos e indica, con la más mínima lógica, que los contratos de concesión deberían ser renovados a la cooperativa”.
Desde el Consejo Directivo plantearon que se garantizara “la adecuada prestación de los servicios agua y cloacas” mientras dure el proceso judicial.
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