La semana pasada fue detenido el psicólogo Marcelo Bazán, titular de la Fundación Dolto, acusado de extorsiones y amenazas, tras de una orden de allanamiento en un domicilio de Carlos Paz librada por la fiscalía de Río Segundo. Resulta que en nuestra ciudad funcionaba una sucursal de la fundación, sobre la cual también hay denuncias por presuntos casos de abuso sexual y trata de personas.
Las denuncias por extorsiones y amenazas fueron realizadas por exempleados de la Fundación, tras lo cual la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulíes, ordenó allanamientos en dos sedes de dicho establecimiento, una de las cuales tiene dirección en calle Gobernador Ferreyra 539 de Carlos Paz.
Tras la información recabada en cada uno de los allanamientos llevados a cabo el pasado 27 de julio, la fiscal dictaminó la detención de Bazán, un reconocido psicólogo de Río Segundo, y de otras tres personas que estaban fuertemente armadas.
Mientras esa investigación sigue su curso y el psicólogo permanece detenido en el penal de Bouwer, otras denuncias por presuntos abusos sexuales y trata de personas fueron presentadas ante la Justicia Federal por Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes, una ONG que ayuda a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas, muchas de las cuales se conocen popularmente como “sectas”.
En diálogo con Carlos Paz Vivo! Salum manifestó que Bazán “está detenido por una causa en Río Segundo por amenazas a víctimas, a quienes les quería sacar bienes, y por esa causa son cuatro los detenidos, quienes conformarían una ‘secta’ junto al psicólogo”.
Paralelamente, y a raíz de la primera investigación judicial, Salum ingresó denuncias en la Fiscalía Federal de Córdoba por presuntos abusos sexuales y trata de personas, delitos que pudieron haber ocurrido también en la sede de la Fundación Dolto de nuestra ciudad.
El denunciante aclaró a este medio que la Fundación Dolto “tiene sucursales propias y vendía franquicias; hay muchos psicólogos que han comprado una franquicia y no tienen absolutamente nada que ver con la secta en general, por eso nosotros estamos pidiendo que el Ministerio de Salud intervenga en los consultorios de esta red y permita a aquellas persona que son inocentes explicar a la Justicia su relación con esta organización y que sus nombres queden limpios”.
¿Cómo operaba esta organización?
Según el relato de Pablo Salum a Carlos Paz Vivo!, “Marcelo Bazán sometía a sus pacientes que recurrían a él en estado de vulnerabilidad, con problemas de salud, con adicciones, depresiones. Se dedicaba a estudiar los puntos débiles de las personas y a seducirlos de separarse de sus seres queridos en general, así como trabajos y estudios. Los chicos terminaban trabajando en esa fundación y eran manipulados psicológicamente para sacarles dinero y bienes, y explotarlos laboralmente y sexualmente”.
“Esta persona les suministraba drogas recetadas, con recetarios truchos, medicación psiquiátrica que no estaba autorizada, alcohol en cantidad, marihuana y cocaína. A las mujeres las inducía a realizar cadenas sexuales ‘para sanarse’ y las llevaba a su domicilio donde tenían orgías. Algunas de las víctimas lo terminaron llamando Padre y adoptaron el apellido del líder. Como consecuencia, muchas familias hace más de tres años que no ven a las víctimas y ahora se encuentran en esta situación, con sus hijos detenidos por culpa de este líder, porque las víctimas fueron transformadas en victimarias”, detalló.
¿Cómo ingresaban las personas a esta fundación? “Entraban solicitando servicios psicológicos por problemas graves o querían relacionarse a la carrera de la psicología para estudiarla. Bazán los iba sometiendo cada vez más, a tal punto que además de utilizar las técnicas persuasivas, utilizaba sustancias químicas para someter totalmente la voluntad de los chicos”, denunció Salum.
Militancia por la Ley Antisectas
Pablo Salum fue víctima de una de estas organizaciones conocidas como “sectas”, desde hace más de 25 años se dedica a estudiar, a denunciar, a impulsar leyes y asistir víctimas, “pero sobre todo a hacer el trabajo de hormiga que debería hacer el Estado y que no lo hace”, dijo frustrado.
“En Córdoba tienen profesionales de primera, pero no están capacitados en la problemática. Lo que nosotros pedimos es que se capaciten y, sobre todo, que asistan a las víctimas como corresponde y se prevengan estas prácticas. Nosotros logramos la ley en el 2011, que es la única ley que funciona en el país que es la 9.891 que estipula campañas de concientización y prevención, sin embargo desde que se sancionó no hay ni una sola campaña para prevenirla”, se quejó.
“Si se hubieran hecho esas campañas, tal vez hubieran prevenido que esos chicos estén ahí. Inclusive si el Colegio de Psicólogos hubiera funcionado como corresponde, si hubieran atendido a las llamadas, los email, las denuncias que acercó la gente durante 10 años, hubieran dado intervención al Ministerio de Salud y esos consultorios hubieran sido clausurados hace mucho tiempo”, manifestó.
