El fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, ordenó las imputaciones de dos empleados de la empresa Cuencas Serranas S.A. empresa que es administrada por la COOPI, y cuya sede es la misma que la de la cooperativa carlospacense: Moreno 78.
Los empleados, fueron acusados de daño a un bien de uso público, contaminación ambiental dolosa continuada, y desobediencia a la autoridad en la investigación por la contaminación del arroyo Huerta Grande por volcamientos de fluidos crudos.
Los acusados son Jorge Pafundo, coordinador operativo, responsable de la operación y mantenimiento integral del servicio de conexiones domiciliarias, redes colectoras y conducciones primarias, estaciones de bombeo, plantas depuradoras de efluentes y la disposición final de los efluentes cloacales de Cuencas Serranas y Fernanda Eguigurem coordinadora general del área comercial y financiera de la compañía.
“En forma dolosa habrían omitido efectuar las tareas esenciales de mantenimiento y reparación necesarias en la estación de bombeo ubicada sobre la ruta 38 S/N, de barrio Tres Árboles, de la localidad de Huerta Grande”, informó el fiscal Martín Bertone.
Habrían “ocasionando con dicha inacción que las bombas fallaran y dejasen de funcionar correctamente, lo que incrementó el riesgo no permitido, por lo que los efluentes cloacales ingresados a dicha estación resultasen volcados al arroyo Huerta Grande”.
Los efluentes no habrían recibido “el correcto tratamiento de purificación”, estando tales residuos peligrosos arrojados (bacterias coliformes totales y fecales en un valor estimativo de 16.000) por encima de los niveles máximos permitidos para su vertido”.
Mientras, aguas arriba de ese volcamiento “aquellos valores eran normales”… “el curso de agua que fluye del referido arroyo Huerta Grande resultó contaminado de un modo peligroso para la salud de las personas expuestas a la misma, provocando un daño intencional al mismo bien de uso público”.
Asimismo, Pafundo y Eguiguren al parecer “desobedecieron la orden del órgano de fiscalización (de la) Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicio Público de la Provincia, donde debían solucionar el volcamiento de efluentes cloacales por el rebalsado de una cámara de registro y dos desbordes de tapas de inspección que vierten sobre el arroyo” habiendo sido “debidamente notificados”.
Sobre la medida del Ersep
También se les imputó el haber desobedecido la orden emanada del Ente Regulador de Servicios Públicos del Gobierno (Ersep), en la se lo intimó a “implementar medidas correctivas de seguridad de la estación de bombeo”.
Además se loa acusa de desobedecer “el cerramiento más eficiente con alambre de púa o similar instalación de alarma vinculada a seguridad policial de la zona y bomba de respaldo en reserva fría y caliente conforme a norma; e instalar el equipamiento que garantice una capacidad de bombeo necesaria para que cese definitivamente el volcamiento de efluente crudo”.
Por su parte, el fiscal ordenó notificar a la Policía Ambiental y Servicios Públicos, al Ersep, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y a Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Provincia para que tomen las medidas del caso.
