Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago - Foto: Luis Tórtolo
Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago - Foto: Luis Tórtolo

Después de nueve años de haber denunciado a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la Justicia de Córdoba le dio la razón a la madre de un bebé que perdió la vida en 2015 debido a “fallas en la asistencia sanitaria”.

La sentencia que se conoció en las últimas horas establece que el municipio local deberá compensar con una suma cercana a los 100 millones de pesos a la mujer, al responsabilizarlo por “irregularidades en la atención”, aunque sin atribuir negligencia directa al personal del hospital municipal Gumersindo Sayago.

El caso se remonta a 2015, cuando Joaquín, un bebé de pocos meses, había logrado superar dos cuadros respiratorios graves con tratamiento en la ciudad de Córdoba. No obstante, en su tercer episodio, fue asistido en el hospital local. Allí, su estado de salud se fue deteriorando progresivamente.

La resolución judicial, emitida el 21 de marzo pasado pero conocida esta semana. La misma determinó que el traslado del niño a un establecimiento de mayor complejidad se realizó sin los registros adecuados, sin precisar el estado de la ambulancia ni detallar los procedimientos empleados con el paciente, lo que la jueza consideró una “deficiencia estructural” del sistema de salud local.

Cabe destacar que la madre presentó una denuncia penal en 2015, pero la causa fue archivada. A raíz de esto, decidió iniciar una demanda civil bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Durante la investigación, las autoridades de la Municipalidad de Villa Carlos Paz debieron demostrar que había actuado conforme a los estándares exigidos.

Aparentemente, al no lograr acreditar esto, la Justicia falló en su contra, y “estableció una responsabilidad objetiva del Estado municipal”. “Las falencias en la historia clínica y el traslado sin documentación fueron aspectos clave”, explicó Augusto Fili, abogado de la familia, en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.

El resarcimiento incluye 67,5 millones de pesos por daño moral y 720 mil pesos destinados a tratamientos psicológicos, sumando los intereses acumulados desde 2016. Esto eleva el monto total de compensación a aproximadamente 100 millones de pesos.