La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvió a exigir este domingo la “implementación efectiva del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” y la “aprobación inmediata” de su proyecto de legalización, al informar además el fallecimiento hace un mes de una mujer de 41 años, como consecuencia de un aborto clandestino en la localidad bonaerense de González Catán.
Un comunicado de la Campaña señala que esta fue la segunda muerte con nombre propio que se conoce desde el inicio del aislamiento obligatorio, y al respecto precisó que hace 32 días, “B. llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani de Gregorio de Laferrere, cursando un aborto”, con “fiebre y una hemorragia severa” como principales síntomas.
“Ante la imposibilidad de detener el sangrado, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada al Hospital Simplemente Evita, de González Catán”, dice el comunicado.
A este segundo centro asistencial, B. “llegó en paro cardíaco y antes de las 22 horas había fallecido” como consecuencia de “un aborto inseguro por fuera del sistema de salud”.
El 24 de abrilotra mujer había muerto por la misma razón: se llamaba Ivana Micaela, tenía sólo 22 años y era oriunda de la localidad formoseña de Pirané, según publica Latfem como parte de su investigación “Historias de niñas y mujeres que murieron por abortos inseguros”.
En tanto, la muerte evitable de B. se produjo en el partido bonaerense de La Matanza, donde “la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, lucha desde hace años para que se garantice la ILE”, en un contexto “sumamente adverso” ya que los equipos “no cuentan con medicación (Misoprostol) ni reconocimiento institucional” al tiempo que sufren “hostigamiento y persecución”.
“Esta situación expulsa a quienes necesitan acceder a una ILE y les empuja a la clandestinidad, exponiendo sus cuerpos y vidas”, prosigue el comunicado de la Campaña.
Cecilia, trabajadora de la salud e integrante de la regional oeste de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, aseguró a Télam que “en toda La Matanza sólo seis centros de salud garantizan ILE” y el acceso en los hospitales provinciales es más dificultoso “porque son todos objetores de conciencia”.
“Desde que se aprobó el protocolo (de ILE por parte del Ministerio de Salud de Nación), se retomó la compra de Misoprostol pero en cantidades que no alcanzan para cubrir la demanda”, contó.
En esos casos “uno entra a resolver quién es la más pobre” para suministrarle la medicación y “muchas mujeres se terminan endeudando para comprarla”.
Y si la gestante no pudo acceder la interrupción legal de su embarazo antes de la 13° semana, es derivada a los hospitales que “no tienen un servicio amigable”, por “la resistencia de los servicios de tocoginecología a hacer abortos”.
“Algunas situaciones se resuelven sólo a fuerza de presión y, cuando lo resuelven, lo hacen mal, con violencia y usando técnicas no recomendadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) -como los legrados sin anestesia- o dejando las mujeres internadas más días de los que requiere, sólo para castigarlas”, explicó.
“Además, muchas veces cuando llegan tratan de asustarlas o de hacerlas desistir con comentarios como ‘te lo podemos hacer, pero podés perder el útero’”, agregó.
Y con la pandemia la “capacidad de respuesta se reduce aún más” porque, por un lado, “muchos médicos que garantizan ILE están abocados al Covid” y, por otro, “las mujeres tienen mucha dificultad para llegar” a los centros de salud por los controles de circulación.
Con la postergación del proyecto de aborto legal en el Congreso, “las mujeres están en la misma situación que siempre” a pesar del protocolo ILE, porque “no hay una campaña de difusión del acceso al aborto seguro” por esta vía y “los objetores de derecho siguen haciendo lo que se les canta”.
“En la provincia de Buenos Aires salió una circular de que hay que seguir garantizando ILE durante la pandemia, pero esto no vino acompañando de recursos humanos ni materiales”, dijo.
La activista recordó que “hoy en Argentina el aborto es legal para todos los casos” por la causal salud, “pero no todos los servicios lo están garantizando”, por eso “es importante que las mujeres que necesiten practicárselo “se acerquen a aquellos equipos amigables en centros de salud”, dijo.
“Exigimos implementación efectiva del Protocolo de ILE ya y la aprobación inmediata de nuestro Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, concluyeron.
Fuente: Télam.
