Tras los insistentes reclamos que la comunidad educativa del IPEM N°190 Pedro Carande Carro viene realizando, muchos de los cuales derivaron en sentadas afuera del colegio y movilizaciones por la ciudad; finalmente decidieron iniciar acciones legales contra la Provincia.
Esto es consecuencia de la emergencia edilicia y ante la falta de garantías sobre el lugar a donde se dictarán las clases, a menos de un mes para el inicio del ciclo lectivo 2020.
La decisión se hizo pública a través de un comunicado, en el que la Comisión de Seguimiento de Obra enumera los motivos por los cuales llegaron a tomar esta definición.
Entre otras cuestiones, argumentan que parte del equipo docente ya se encuentra trabajando en el lugar; pero sin baños, agua ni la seguridad y condiciones necesarias para dictar clases.
Además, sostienen que tampoco está dispuesto el espacio para que funcione el PAICOR, más teniendo en cuenta la necesidad que tienen de contar con dicho servicio muchos de los estudiantes.
Denuncian, también, el “destrato”, “mentira” y “actitud irresponsable” de las autoridades, ante promesas y compromisos que no se cumplen.
Ante esto, aseguraron que realizarán acciones legales ante la Justicia y el Defensor del Pueblo. Además, solicitarán “la inspección por parte de Bomberos para que evalúen las condiciones de seguridad de los edificios en los que se pretende que comiencen las actividades a partir del 17 de febrero”.
Comunicado completo:
I.P.E.M N° 190 DR. PEDRO CARANDE CARRO
ACTUALIZAMOS INFORMACIÓN SOBRE LA EMERGENCIA EDILICIA
La Comisión de Seguimiento de Obra pone en conocimiento de la comunidad que:
- Parte del equipo directivo, administrativos y demás personal en funciones está trabajando sin baños, sin agua, arrumbados en un aula enclavada en el espacio utilizado como depósito y arrumbe del mobiliario del edificio en demolición.
- Esto sucede en el mismo predio escolar declarado en emergencia edilicia, lo cual decidió en su momento el levantamiento de la toma que habían realizado padres y estudiantes, pues había riesgo de vida.
- En ese mismo espacio, el gobierno pretende hacer funcionar parte de la escuela durante el ciclo lectivo que comienza, mientras se hacen las obras del nuevo edificio y hasta la finalización de las mismas. En la actualidad no hay póliza de seguro en el lugar donde están desempeñando funciones, y consideramos que las condiciones impedirán obtener una póliza.
- La provincia trabaja en la adecuación de un galpón en la calle Atenas, que tampoco cumple con las mínimas condiciones de espacio para albergar el número de estudiantes global y ni por aula, además de estar muy lejos de cumplir los plazos escolares e institucionales. El estudiantado y el cuerpo docente quedarían así funcionando en dos espacios separados por más de 300 mts. con los riesgos que implica el traslado de docentes y estudiantes utilizando las calles Atenas y Chile, de alta circulación.
- El planteo del Gobierno Provincial vuelve, después de transcurrido el mes y medio de receso de verano, desdiciendo todo lo comprometido y firmado hasta el momento: “la adecuación de un espacio en el que toda la institución pudiera funcionar en un mismo predio y con condiciones aceptables y dignas respecto de seguridad y de desempeño para la enseñanza y el aprendizaje”.
- El PAICOR no tiene lugar para funcionar.
- Se pretende que parte del estudiantado y el personal utilicen baños químicos hasta que concluya la obra (previsto para 2021)
- Los funcionarios que se acercan a la institución son inconsistentes entre ellos, incluso en conversaciones con esta comisión y con el equipo directivo: según el área de infraestructura la obra está en marcha y en los tiempos previstos; según el dueño de la empresa tienen retrasos en los pagos y por eso la obra no está avanzando; según el Ministerio de Finanzas “no hay plata” así que no van a cumplir con el compromiso asumido con el IPEM.
- Esta comisión denuncia el destrato, la actitud irresponsable, de parte de los funcionarios del Gobierno Provincial, que cancelan sobre la hora las reuniones acordadas. Al mismo tiempo salen a declarar a los medios, mintiendo acerca del estado de avance en obras y acuerdos. Se presentan en cualquier momento, sin tiempo para convocar a los miembros de la comisión, hablan con docentes y directivos descalificándolos, amenazando con sanciones. Llegaron hasta la amenaza de “parar la obra” del nuevo edificio.
Las ACCIONES PREVISTAS por esta comisión y que ya están en marcha son de orden legal:
*Pedir la inspección por parte de Bomberos para que evalúen las condiciones de seguridad de los edificios en los que se pretende que comiencen las actividades a partir del 17 de febrero.
*Presentar denuncias ante la Justicia y el Defensor del Pueblo.
*Acompañar oportunamente ambas presentaciones con la movilización de la comunidad.
BASTA DE MENTIRAS
EL ESTADO PROVINCIAL VULNERA NUESTRO DERECHO A ESTUDIAR
Y TRABAJAR EN CONDICIONES DIGNAS
