Luego de que se conociera que el Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/23, se conoció este lunes la decisión que termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse, cuando se inicia un vínculo de trabajo, a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeña.
Ambas decisiones fueron tomadas en medio de la tensión que existe entre el Gobierno y los sindicatos, una relación que quedó resquebrajada luego del paro nacional que la CGT llevó a cabo el 24 de enero pasado y que, día tras día, suma declaraciones de confrontación.
Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quién, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, anunció la pronta publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación del 70/2023:
“Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad”, dijo el funcionario.
La reglamentación, aclaró, “busca terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea”, explicó, y afirmó que “el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”.
Desde el Gobierno aclararon, además, que los beneficiarios “podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación” y que “podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”.
El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.
En la agenda entre las partes también se encuentra el irresuelto Consejo de Salario Mínimo y la convocatoria a paritarias docentes, punto que el Gobierno insiste en derivar a las autoridades provinciales.
