No es casual que se tenga como referencia un indicador de precios futuros del agua en California, ya que ese estado es uno de los más golpeados por la crisis hídrica y en donde el valor del agua se ha duplicado en el lapso de un año.
El capitalismo golpea nuevamente, esta vez lo hace sobre un recurso renovable, escaso y vital para la vida humana. El momento es clave, ya que el agua no solo constituye un elemento esencial para la supervivencia humana y el acceso a condiciones dignas de vida, sino que es una de las herramientas empleadas en la lucha contra el COVID 19, una pandemia que pone en evidencia las precarias condiciones de vida de muchas personas alrededor del mundo, y en el combate de la misma, el lavado de manos es indispensable para evitar la transmisión del virus.
El derecho de acceso al agua como un recurso para todos debe incluir la concientización sobre el uso responsable, con políticas públicas que apunten a evitar el mal uso, el derroche y la contaminación. En este sentido, los estados tienen un papel muy importante, el fracaso de la política de cuidado del agua cuando solo tiene un fin sancionatorio/recaudatorio, que no es acompañada por la concientización a la población sobre las limitaciones de acceso al agua, su trascendencia en el desarrollo de la vida humana y no humana, la utilización restrictiva del agua en época de sequía y la estrecha relación con el cambio climático a nivel global.
Más cerca geográficamente y en el tiempo, el reciente fallo de la Corte Suprema reafirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sobre el servicio del agua potable. El municipio sin dudas tiene el desafío de prestar un servicio de calidad y ampliar el acceso del mismo a aquellos lugares donde todavía el servicio no llega. Es necesario entender que en un panorama como el detallado precedentemente, el servicio debe permanecer bajo la gestión estatal la que podrá ser mayoritaria o exclusiva, pero los usuarios no pueden verse nuevamente en la incertidumbre de la continuidad de la prestación las condiciones y la inexactitud del cobro del servicio, como lo ha sido la capitalización o el cobro intempestivo de los medidores en plena pandemia y crisis económica.
Como sociedad, no podemos seguir convalidando dirigentes que han hecho de la ilegalidad una virtud de muchas instituciones. Que con la pantalla de un discurso que promueve la igualdad, la justicia y la lucha por los más vulnerables justifican accionares irregulares e ilegales.
Un nuevo modelo de participación por parte de la ciudadanía es necesario, no solo en el cuidado y la protección de los recursos hídricos en cada una de nuestras regiones, sino también en la defensa del derecho al acceso al agua frente a un capitalismo predatorio, mercanitilista y que sin dudas excluirá a millones de personas del acceso al agua para el desarrollo de sus vidas y actividades productivas.