Tomás Rueda, el asesor letrado de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, acusó al partido Carlos Paz Despierta y al vecino Gabriel Napal de entorpecimiento de la función pública y afirmó que la Fiscalía del Segundo Turno consideró viable la investigación para determinar la responsabilida penal de ambos.
La disputa se inició el mes pasado a partir de que el partido Carlos Paz Despierta registró a su nombre la web de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz en momentos en que se produjo el recambio de autoridades en el organismo. El abogado de la Defensoría presentó una denuncia penal contra el vecino Napal y el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa.
Este jueves se conoció la resolución del juez Andrés Olcese que obliga a Carlos Paz Despierta a suspender la registración del sitio web de la Defensoría.
“La Fiscalía (a cargo de Ricardo Mazzuchi) considera que existen elementos suficientes para investigar la responsabilidad penal de Iosa y Napal y así lo solicitó al juez de control, que hizo lugar al pedido realizado y ordenó que la registración a nombre del partido político se suspenda provisoriamente”.
Rueda sostuvo que la denuncia penal que presentaron desde la Defensoría se fundamenta en que se llevó a cago “una maniobra que encuadra dentro de un tipo penal, al registrar indebidamente el dominio que corresponde a la Defensoría”.
“Claramente buscaban entorpecer el funcionamiento de una institución pública como lo es la Defensoría, pensada en resguardo de toda la ciudadanía. Esto está tipificado dentro del código penal como un delito y por eso denunciamos”, afirmó el letrado.
Rueda sostuvo que la Defensoría no tiene dominio web porque éste fue “inscripto aviesamente por Gabriel Napal que luego lo cedió a Carlos Paz Despierta”.
Para Rueda, la finalidad de Iosa tiene que ver con la cantidad de reclamos que ingresaban a través de la página web sobre el rubro capitalización que cobra la Coopi.
Falsedades
A partir del planteo de Emilio Iosa sobre la utilización que le daría al sitio web para pedir la revocatoria del defensor del Pueblo, Víctor Curvino, Rueda manifestó: “Es totalmente falso, ya que los requisitos establecidos en la Carta Orgánica no coinciden con lo expuesto por él. La medida está solamente admitida para las autoridades que han permanecido en su función por lo menos un año”.
Por otro lado, el abogado sostuvo que la gran cantidad de reclamos que llegaban a través de la página web hacían referencia al conflicto instaurado con la Cooperativa Integral por el cobro de la capitalización. “Entonces vemos que quizás esa fue la finalidad. Evitar que los vecinos puedan impugnar el rubro capitalización que fue motivo de una acción colectiva que presentamos recientemente”, expresó.
El abogado indicó que se potenciaron las otras vías de comunicación a traves de las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp.
