Son ocho los postulantes que aspiran a sentarse en mayo en el sillón principal del Palacio de Carondelet, ocupado hace 10 años por Rafael Correa, aunque las chances de triunfo parecen limitados a tres candidatos, según los sondeos: el oficialista Lenín Moreno, la socialdemócrata Cynthia Viteri y el banquero César Lasso.
En una campaña de pequeños actos y visitas puerta a puerta de los candidatos, de apariciones en radio y televisión y de muy marcada presencia en las redes sociales, la apuesta parece obvia: el oficialismo destaca lo hecho y promete remendar eventuales errores, y la oposición propone un cambio rotundo en modos y acción de gobierno.
Unos y otros buscarán, claro, inclinar a su favor el enorme porcentaje que todavía aparece de indecisos en los sondeos difundidos hasta el jueves último, ya que la ley prohíbe su publicación en los últimos días de campaña.
Varias denuncias de corrupción ganaron protagonismo en los últimos días en la campaña, sobre todo las vinculadas a irregularidades en la estatal Petroecuador y los coletazos del llamado caso Odebrecht, la empresa brasileña que ganó obras en toda la región favorecida por el pago de sobornos a funcionarios.
Aunque el presidente Correa limitó su accionar en las últimas semanas a encabezar actos que, en lo formal, son de gestión -inauguración de escuelas y centros de salud, lanzamientos de planes-, sí advirtió sobre la existencia de una “campaña sucia” de parte de algunos medios para atacar al candidato de la oficialista Alianza PAIS.
La posibilidad de una segunda vuelta en abril surgirá si ninguno de los ocho candidatos inscriptos logra la mayoría absoluta de votos o al menos 40 por ciento de los sufragios, con una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo más votado.
Además de Moreno, por PAIS; Viteri, por el partido Social Cristiano, y Lasso, por el Movimiento CREO, se presentan el ex general Paco Moncayo, de la socialdemócrata Izquierda Democrática; el ex asambleísta Abdalá “Dalo” Bucaram, de Fuerza Ecuador; el médico Iván Espinel, de Compromiso Ecuador; el ex canciller Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica, y el ex fiscal Washington Pesántez, de Unión Ecuatoriana.
Serán 12,8 millones de ecuatorianos los habilitados para elegir, además de presidente y vice, los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y cinco miembros del Parlamento Andino.
En paralelo a la compulsa presidencial habrá una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los funcionarios tener dinero o bienes en paraísos fiscales.
Los sondeos tienen coincidencias y diferencias: hay acuerdo, sí, en que Moreno será quien más votos reúna, en que Viteri y Lasso pelean el segundo lugar y en que el número de indecisos es todavía alto; hay disidencia respecto de si el oficialismo podrá evitar el balotaje y, en todo caso, ante qué fuerza deberá dirimirlo.
Moreno está lejos del 50 por ciento que evitaría que los ecuatorianos vuelvan a las urnas el 2 de abril, y la chance de un triunfo directo parece atada a que la división del voto duro opositor lo empuje a una diferencia de más de 10 puntos respecto del segundo y a sumar, claro, un 40 por ciento propio.
Obviamente, la Alianza PAIS puede verse favorecida por la inoperancia de la oposición para lograr una coalición amplia que desbarranque al oficialismo y su dispersión en varias fórmulas que, el cabo, disputan un mismo voto.
Los comicios serán los primeros después de la última enmienda a la Constitución, que habilitó la reelección ilimitada, pero exceptuó de ese beneficio a Correa, a quien le espera después de mayo, según anunció, una estadía en Bélgica, de donde es su esposa, alejado de la política.
La chance de una victoria del oficialismo, una alianza de centroizquierda que solía presentarse como “el socialismo del siglo XXI”, revitalizaría a las fuerzas consideradas progresistas de la región, que aparecen en retroceso después de los cambios en Brasil, Perú y la Argentina, del triunfo del No a la reelección de Evo Morales en Bolivia y de la crisis en Venezuela, con una oposición que se exhibe mayoritaria.
Buena parte del resultado se juega en lo que logren transmitir los postulantes respecto de sus recetas para enfrentar la severa crisis económica que atraviesa el país -básicamente por la caída del precio del petróleo-, sumado al desempleo, las fallas en materia de protección social y las denuncias de corrupción.
