La Guardia Civil española arrestó este miércoles a altos cargos del gobierno de Cataluña y registró varias sedes del Ejecutivo regional, en un operativo contra el referéndum unilateral de secesión del 1 de octubre, lo que elevó al máximo la tensión y disparó protestas espontáneas en Barcelona donde los ciudadanos desafiaron al Ejecutivo español al grito de “votaremos”.
El golpe policial tuvo lugar a 10 días de la fecha marcada para el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y fue considerado todo un acto de “agresión” del Ejecutivo central español del conservador Mariano Rajoy, al que el presidente catalán, Carles Puidemont, acusó de haber traspasado la “linea roja” que separaba a España de un “régimen autoritario y represivo”. “La desobediencia de la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia”, respondió el presidente del gobierno español Rajoy, quien reiteró que “hará cumplir la ley”, por lo que recomendó a los independentistas catalanes que “cesen de sus actividades ilegales” porque el referéndum “ya no es más que una quimera imposible”.
A primera hora de la mañana, cumpliendo con órdenes de un juez de Barcelona, los agentes entraron en las oficinas del Departamento de Economía, Hacienda, Exteriores y Presidencia, y concretamente al Centro de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Atención Ciudadana, confirmaron a Télam fuentes del gobierno. El objetivo era desmantelar el sistema operativo -tanto material como informático- con que el gobierno catalán pretendía llevar a cabo la votación ilegal. En total, se produjeron 14 detenciones, entre ellas las de altos cargos del área económica que dirige el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. El nombre más destacado es el de Jose M. Jové Lado, secretario general de Hacienda, quien al declarar solicitó un “habeas corpus” por considerar que su arresto es ilegal y recusó al juez, por ser el mismo que ordenó el operativo.
“La causa está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricato y malversación y son una veintena las personas que tienen la condición de investigadas”, explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado. Además, se llevaron a cabo 41 allanamientos, uno de ellos a un polígono industrial de la localidad de Bigues i Riells, donde la Guardia Civil incautó casi 10 millones de boletas de votación, carteles con la leyenda “local electoral” y actas de listas numerada de votantes con la inscripción ‘referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017’, informó el Ministerio del Interior español. Por otro lado, la Policía Nacional española intentó acceder a la sede del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), los socios minoritarios del gobierno catalán, pero la alerta de sus dirigentes a los militantes a través de las redes sociales provocó una protesta tensa en el lugar, que logró paralizar el operativo hasta que fue abortado al caer la noche. Cerca de un millar de jóvenes, algunos sentados en el suelo frente a los furgones policiales y con claveles en las manos, celebraron el éxito con consignas como “fuera las fuerzas de ocupación” o “las calles serán siempre nuestras”.
