Enero es, por excelencia, el mes en el que los argentinos prefieren disfrutar las vacaciones. Algunos eligen la costa argentina, otros las sierras, otros la alta montaña, otros el extranjero y están también los que prefieren quedarse en casa. Pero lo que queda claro es que todos lo mimetizamos como un derecho adquirido, casi elemental, trascendental en nuestra vida.
A partir de una foto en Twitter del periodista Andrés Ferreyra, nos surgieron un par de inquietudes que vamos a intentar usar esta columna como contribución a la polémica. ¿Las vacaciones son un derecho indispensable?¿ A cualquier precio uno debe ejercer el derecho al descanso?
De aquí partimos de premisas legales en primer momento. Desde 1933, en la presidencia de Justo, el derecho a las vacaciones fue evolucionando hasta alcanzar su mayor reconocimiento y ser un derecho constitucional en 1956, a través de la redacción del Artículo 14 bis, en el cual literalmente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados”. Ante esta premisa, partimos de la pauta que hay que tener trabajo para tener derecho a vacaciones pagas. Cuestión no menor.
Ahora, el que no tiene trabajo, ¿tiene derecho a tener vacaciones? ¿Cuál es la función del Estado con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a este derecho? La primera pregunta se responde afirmativamente, y agregando (a modo de puntapié para la próxima pregunta) que el Estado nacional debe garantizar el acceso a un trabajo digno de todos los habitantes, algo que podemos poner en la cuenta del debe de los últimos gobiernos.
Pero el derecho existe, razón por la cual el derecho a vacaciones también existe. Claro que ese derecho también esta limitado al no perjudicar a los derechos de los demás, más si puede llegar a perjudicar a terceros que se valen (como es el caso de las ciudades turísticas) justamente de esa temporada.
Entonces la segunda pregunta se impone a la discusión. Hace tiempo que los diferentes centros turísticos buscan atraer a los visitantes a través de diferentes promociones, descuentos, disminución de impuestos, utilización de espacios públicos ambientados, etc etc. Sin lugar a dudas esas son políticas de Estado. Singularmente (y hasta accidentalmente) coordinados para lograr que la mayor cantidad de habitantes puedan acceder a la realización de actividades vacacionales. El tema es que no se lo piensa mas que como un incentivo promocional y hasta competitivo entre los diferentes destinos.
Sería trascendente (desde el punto de vista de las pertinentes políticas sociales) que los diferentes gobiernos realicen tareas de coordinación y aplicación de una política pública para acceder al derecho de vacaciones, sin resentir las economías locales ni alejar al ciudadano de la posibilidad de acceder a un destino turístico. El ministerio de Turismo de la Nación implementó este año las Unidades Turísticas de Embalse de Río Tercero y de Chapalmalal, donde subsidian las estadías a los visitantes, siendo el gasto el de la gastronomía. Uruguay implementó desde el 2008, un programa de turismo social para el acceso a diferentes puntos de su geografía a precios accesibles y siendo los destinatarios los diferentes actores sociales de la vida uruguaya. Lo principal es pensar políticas de Estado pertinentes al desarrollo no solo de la actividad turística, sino también al acceso a un derecho constitucional, como es el derecho al descanso vacacional.
