La diputada presentó un proyecto de resolución para impedir que el Ejecutivo avance con la venta de inmuebles en “La Perla Chica”, en Malagueño.
Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), el predio conocido como “La Perla Chica” fue utilizado como anexo de “La Perla”, el centro de detención, tortura y exterminio más emblemático del interior del país. Con la publicación del decreto 950/2024, el pasado 24 de octubre, la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispuso la enajenación de 309 inmuebles, entre los que se encuentra “La Perla Chica”.
El decreto, suscripto por el presidente, Javier Milei, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumenta que “mantener ociosos los inmuebles objeto de las normas mencionadas, a los que oportunamente se consideró innecesarios para la gestión del ESTADO NACIONAL, genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.
Sin embargo, por la importancia que representa en la memoria colectiva, la Ley 26.691 de “Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado” dispuso la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de garantizar la protección de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, entre los que se incluye “La Perla Chica”.
Por todo esto, la diputada nacional, Natalia de la Sota, presentó hoy un proyecto de Resolución que, en primer término, expresa “su rechazo al Decreto 950/2024 del Poder Ejecutivo Nacional que autoriza la enajenación de los inmuebles en los que funcionó el ex centro clandestino de detención conocido como ´La Perla Chica´”. También, “exhortar al Poder Ejecutivo a que elimine del Anexo de inmuebles autorizados a enajenar, a aquellos que conforman el predio ´La Perla Chica´ y que se identifican todos con el número de orden 31”.
En sus fundamentos, la iniciativa considera que “tristemente, el gobierno de Javier Milei ha decidido, no solo no cuidarlo, sino también desprenderse del predio, autorizando su enajenación por medio del Decreto 950/2024 por considerarlo ´innecesario´ para el Estado Nacional. Dicha decisión es abiertamente inconstitucional por contrariar el sistema de protección definida por la Ley 26.691”.
“El Poder Ejecutivo – subraya el proyecto de De la Sota – tiene la obligación de preservar los sitios de memoria, de promover actividades educativas y de investigación sobre los hechos allí acaecidos, de realizar acciones concretas con la finalidad de trasmitir la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Va de suyo que dicha misión no podrá ser ejecutada si el gobierno vende las tierras que está obligado a preservar”.
La iniciativa destaca que se trata de “tierras que forman parte del patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos y de los cordobeses en particular. Tierras que debemos conservar en honor a las víctimas del terrorismo de Estado y del compromiso de lucha por el respeto de los derechos humanos. Tierras en las que, además, aun se siguen buscando los cuerpos de los desaparecidos y sobre las que pesan medidas cautelares vigentes dispuestas por la Justicia Federal de Córdoba para su preservación forense”.
En sus apreciaciones finales, el texto remarca que “decisiones como estas demuestran, una vez más, el desprecio del gobierno hacia los derechos humanos en todas sus manifestaciones, reivindicando las fuerzas armadas, el negacionismo del terrorismo de Estado y la supresión de las políticas de memoria, verdad y justicia. Todo ello con el afán de reconfigurar la historia y poder legitimar intervenciones autoritarias en el presente”.