Según las presentaciones, a las que tuvo acceso Télam, la defensa de la expresidenta planteó, entre otros argumentos, que esas resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el límite de 75 años.
La ausencia de la magistrada en esos fallos, que se definen por el voto de tres jueces, fue considerado como de “dudosa constitucionalidad” por la exmandataria.
Si bien la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, resulta de “dudosa constitucionalidad”, expresó la defensa de la Vicepresidenta.
Y cuestionó que los magistrados “no tienen una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.
“La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa”, sostuvieron en las apelaciones los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a la Vicepresidenta.
La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el 18 de septiembre que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada Cristina Kirchner, revocando así los sobreseimientos de la Vicepresidenta en ambas causas.
El jueves último, el Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.