Luego de conocerse la imputación que pesa sobre los integrantes de ARCOOP y Cuencas Serranas S.A., Omar Pafundo y Fernanda Eguiguren, representantes legales de la COOPI rechazaron las imputaciones, consideraron el procedimiento como un atropello, y acusaron a la Justicia de encubrir al Estado. Los directivos están acusados de daño calificado a un bien de uso público, contaminación ambiental dolosa continuada en concurso ideal, y desobediencia a la autoridad reiterada en calidad de coautores, por contaminar el arroyo de Huerta Grande a raíz del vertimiento de líquidos cloacales en la causa que sigue el fiscal de Cosquín, Martín Bertone.
“Se han tomado algunas aberraciones, como tomar indagatorias sin abogado defensor. Hemos pedido la nulidad de ese procedimiento”, expresó Julio César Martínez, uno de los letrados de la entidad, que agregó: “Acá una agencia del Estado, que es el Poder Judicial, en alguna medida está encubriendo la ausencia de otra parte del Estado que desde hace 15 años tiene descuidadas las amortizaciones de lo que hoy nos reclama a las instituciones que prestan el servicio como pueden; incluso poniendo en riesgo su propio patrimonio por esta ausencia absoluta del Estado”.
Junto al reconocido penalista Claudio Orosz, Martínez remarcó que están convencidos de que figuras tales como la desobediencia a la autoridad “son inaplicables”, como también “las leyes relativas a los residuos peligrosos y las omisiones que les demandan; porque si bien reconocieron que hay determinados hechos que pueden haberse producido”. En este sentidi, Orosz apuntó: “Hay que explicar los porqué, y esas omisiones no son atribuibles a quienes se ven impedidos de realizar lo que corresponde por cuestiones de fuerza mayor que tienen que ver con la ausencia del Estado”.
“Esperamos que se pase a archivo lo relacionado a nuestros imputados – sostuvo Orosz – y se analice la responsabilidad de los verdaderos productores de estos desastres”.
Y agregó: “La Agencia Judicial que forma parte del Estado, está en alguna medida cortando la cuerda por la parte más débil y olvidándose de quienes son los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Vamos a ver si va a tener la valentía de sentar a los funcionarios estatales de las más diversas responsabilidades, que son los que tienen que estar ahí porque como no les salió el negocio con Aguas de Bilbao, ahora imputan a quienes se hicieron cargo de la emergencia, de darle el servicio a los vecinos en las condiciones que el Estado plantea”.