Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el anuncio del Municipio sobre la recepción del servicio de agua potable, este martes la Cooperativa Integral informó que llevó el conflicto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anunció que “resistirá” a las acciones del Ejecutivo hasta tanto se expida dicho organismo con sede en Washington.
En una conferencia de prensa, uno de los asesores letrados de la entidad cooperativista, Claudio Oroz, dijo que la presentación se da al considerar que “hay una grave violación a los derechos humanos como es el derecho y el acceso al agua, uno de los bienes más escasos de este planeta”.
“Están pretendiendo mercantilizar el servicio, algo que los tratados garantizan que es un derecho universal al que todo ciudadano debe tener acceso. Desde el momento en que se ataca ese derecho, se abre la posibilidad de que nosotros concurramos luego de haber agotado las instancias internas del derecho argentino y de no encontrar en este Poder Judicial monárquico que tenemos, atrasado, presionable y algunos dicen comprable”, apuntó el letrado.
Por otro lado, destacó la rápida intervención del organismo al señalar que “a lo tres días de haber llegado a Washington la medida cautelar ya ha sido reconocida en pleno trámite; por lo tanto cualquier tipo de actividad que implicara desconocer que esto se ha internacionalizado y que va a traer responsabilidad para el Estado Argentino y posiblemente para el bolsillo de los funcionarios que no cumplan con los tratados internacionales”.
Aseveró, a su vez, que “la Coopi no se queda de manos cruzadas cuando se trata de defender la creación palpable de la efectivización de derechos humanos básicos que le debemos a los habitantes de esta provincia”.
En consecuencia, dijo que “si el Municipio, por acción u omisión desconoce esta situación, nos van a colocar en un estado de necesidad de también actuar judicialmente y comunicarlo inmediatamente al organismo internacional”.
Por su parte, otro de los abogados de la prestataria, Juan Carlos Antonino, consideró que “la decisión del Municipio es arbitraria, irrazonable y hay una mezquindad total, porque no se está mirando el interés de la comunidad de Carlos Paz, sino que tiene un sólo objetivo que es el que tuvieron siempre: terminar con la Coopi”.
En tanto, el gerente de la institución, Rodolfo Frizza, apuntó contra el Ejecutivo local al decir que “hay un delito de lesa institucionalidad contra la Coopi”.
Además, se refirió a los costos que puede llegar a generar el pedido de intervención del organismo internacional: “Seguramente algún costo tiene esta gestión; pero lo costos que vamos a pagar los habitantes de Villa Carlos Paz y la región son incalculablemente mayores por los negociados que va a tener que sufrir. Entonces, hay que pensar en los costos que tendríamos si no fuésemos a la corte internacional”.
Intervención de la Municipalidad en la planta
Según las fechas anunciadas días atrás por el Municipio, este miércoles y el resto de los días hábiles de esta semana, está previsto que el Ejecutivo realice una fiscalización de los bienes, como parte del proceso de la recepción total del servicio que se realizará el febrero próximo.
Ante esto, Frizza, aclaró: “Ya les hemos comunicado ayer (a la Municipalidad), que se abstengan de cualquier procedimiento porque van a violar el trámite que ya está internacionalizado”.
A lo que Oroz agregó: “no es que no lo vamos a dejar ingresar, sino que no pueden ni deben ingresar. Si ellos se quieren colocar afuera de la ley, nos van a obligar a nosotros a actuar judicialmente, además de lo que decidan hacer lo trabajadores y las organizaciones sindicales”.
Y, sobre el paso de los empleados, agregó: “Nos vamos a entrar en la discusión sobre la cantidad de empleados, porque los empleados van a quedar con la Coopi, porque la Coopi va a quedar a cargo del agua en Carlos Paz. Le debe quedar claro al Municipio que la Coopi se va a defender en todo momento y que le vamos a ganar en todas las instancias internacionales”.
