Es por el secuestro y desaparición de 16 opositores como parte del Plan Cóndor, en este caso con la colaboración de los regímenes castrenses de Argentina y Brasil.
Entre los sentenciados se encuentran los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, además de los ex brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre otros.
De acuerdo a la investigación realizada por el magistrado, las 16 víctimas que militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y en el Partido Socialista, fueron detenidas por agentes de la DINA entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975, en diferentes sectores de la región Metropolitana.
Posteriormente, fueron repartidos a distintos centros de tortura y detención clandestinos, donde se les vio por última vez.
Los nombres de estos desaparecidos fueron publicados el 25 de junio de 1975 en la revista Novo O’Dia de Curitiba, Brasil, y algunas semanas después en la revista Lea de Buenos Aires, Argentina, que registraron ediciones únicas.
Varios medios de comunicación chilenos se refirieron a aquellas listas acerca de un supuesto destino de esas personas, en una maniobra de desinformación concertada entre los regímenes latinoamericanos para exterminar a sus opositores, para ocultar la desaparición forzada de las víctimas.
El caso “Francisco Aedo y otros” es el último de los procesos que instruyó el ministro Hernán Crisosto en la serie de causas de víctimas de la denominada “Operación Colombo”, que encubrió la desaparición forzosa de 119 prisioneros políticos y contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil.
En el aspecto civil, el Fisco deberá pagar 5.065 millones de pesos (unos 7,5 millones de dólares) a los familiares de las víctimas que detalla la sentencia.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.