La Justicia de Córdoba, ayer al mediodía, logró un fallo inédito e histórico en torno al Caso Azul Montoro (24), la joven trans asesinada en octubre de 2017 por Fabián Alejandro Casiva.
La condena de la Cámara 9ª del Crimen, que ordenó prisión perpetua al femicida, fue recibida con emoción por los familiares y amigos de la víctima y organizaciones vinculadas al colectivo LTGBIQ+.
Por primera vez en Córdoba, el asesinato de una persona trans llegó a juicio oral bajo la figura de femicidio.
Azul había cambiado su género a partir de la Ley de Identidad de Género, dado que desde muy pequeña se había sentido mujer, tal como lo indicaron sus familiares en la causa.
Tras la sentencia, Tomás Aramayo, abogado querellante de la familia de Azul, manifestó a Carlos Paz Vivo!: “Estamos muy contentos sobre todo por la familia que buscó justicia. Este fallo vino a coronar tanta lucha que partió incluso de la propia Fiscalía de Instrucción y desde la Cámara. Esta se fue dando a lo largo del tiempo con una gran cantidad de actores que apoyaron esta lucha y que terminó con un final feliz en un punto”.
En relación a la dificultad del caso durante todo el proceso hasta lograr la condena, expresó: ”Todo empieza con la decisión del Fiscal instructor que es quien decidió colocar la calificación de femicidio y a partir de ahí empieza la investigación. Pero, a su vez, tuvimos que sortear el obstáculo de que Casiva fue declarado dos veces inimputable.”
Y continuó: “Cuando se hizo nuestra pericia en esta causa, también fue declarado inimputable. Sólo que a partir de la disidencia del Dr. Quiroga, que es un perito de control, y la Lic. en Psicología Boer, logramos poner en jaque ese pericia. Y se realizó una nueva con un análisis más exhaustivo y se pudo lograr la determinación del castigo.”
En palabras de Aramayo, si bien Casiva tiene trastornos mentales, eso no le impide comprender la criminalidad del acto cometido, tal como lo consideró la Cámara.
Deuda social en la igualdad de derechos
Por último, el abogado hizo hincapié en la importancia del fallo para las disidencias sexuales, quienes ven vulnerados sus derechos humanos.
“Hice una referencia muy específica al jurado cuando les hablé en mi alegato; abrí a la reflexión para que nos diéramos cuenta que no había personas trans trabajando de abogados, médicos, etc. La mayoría está confinada a un trabajo sexual por falta de oportunidades, de allí la gran vulnerabilidad”.
Aramayo aseguró que al hacerse tan visible esta situación de las minorías sexuales a partir del caso de Azul, obliga a todos a reflexionar para trabajar en la inclusión de las personas de distintos géneros. “Debemos mejorar la calidad de vida de toda la comunidad LTGBIQ+”, concluyó el letrado.
