Este viernes 28 de marzo, a través de un decreto-ley, Italia modificó el procedimiento para que los descendientes de italianos puedan obtener su ciudadanía. La medida, que fue debatida en el Consejo de Ministros, determina que ya no se podrá gestionar la nacionalidad mediante los consulados en el exterior, sino que todo el trámite deberá realizarse en Roma.
El decreto dispone la creación de una oficina especial dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, encargada exclusivamente de recibir y procesar las solicitudes. Esto implica que los consulados dejarán de intervenir en estos trámites.
Además, se estableció que los expedientes deberán ser enviados en formato físico por correo postal a la nueva sede en Roma, suprimiendo las plataformas digitales utilizadas hasta ahora para la carga y seguimiento de documentación.
Uno de los cambios más significativos es la ampliación del tiempo de resolución de los trámites. Mientras que en varios consulados los expedientes podían resolverse en plazos menores, con la nueva normativa el Estado italiano contará con hasta 48 meses para dar respuesta a cada solicitud. También se restringirá la comunicación entre los solicitantes y las autoridades a canales exclusivamente digitales, sin atención presencial ni telefónica.
Cupos anuales y excepciones
Otra modificación clave es la implementación de un sistema de cupos anuales para la presentación de solicitudes. Una vez alcanzado el límite de expedientes fijado para el año en curso, no se admitirán nuevos trámites hasta el período siguiente. El número de solicitudes permitidas estará vinculado a la recaudación de tasas consulares registradas en 2024.
No obstante, el decreto mantiene sin cambios el procedimiento para hijos menores de ciudadanos italianos ya reconocidos. En estos casos, se continuará aplicando el sistema vigente en los consulados, por lo que no habrá alteraciones en la forma de obtener la ciudadanía para este grupo.
Plazos de implementación
La entrada en vigencia del nuevo sistema está prevista para el 1 de enero de 2027. Sin embargo, hasta finales de 2025 los consulados seguirán aceptando solicitudes, aunque con un límite anual proporcional al número de expedientes tramitados en el año anterior.
Según medios italianos, este decreto estaría alineado con proyectos impulsados por legisladores como Roberto Menia y Antonio Tajani, quienes han propuesto limitar la transmisión de la ciudadanía a determinadas generaciones, exigir conocimientos del idioma italiano y establecer requisitos de residencia en Italia.
Al tratarse de un decreto-ley con efecto inmediato, su validez dependerá de la ratificación parlamentaria dentro del plazo estipulado por la Constitución italiana.
