El paralelismo entre aquel asalto al Capitolio y este ataque coordinado contra la sede del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y el gubernamental Palacio del Planalto tenían como hilo conductor el reclamo violento de partidarios de un político ultraconservador y personalista que se negó a aceptar su derrota en las urnas alegando un fraude que nunca existió. En Estados Unidos, el promotor por acción u omisión de esa deriva autoritaria de 2021, que pretendía impedir la asunción de Joe Biden, fue Donald Trump. En el Brasil de hoy fue Jair Messías Bolsonaro, el émulo “tropical” del magnate norteamericano, instigador de una revuelta con planificación, apoyos y logística que ameritan una investigación exhaustiva.
Durante algunas horas, y mientras Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente que siete días antes había asumido su tercer mandato, cumplía tareas ejecutivas en el interior del estado de San Pablo, en Brasilia comenzaba a consumarse una alienada intentona golpista.
La ciudad que una semana antes había estado blindada para impedir que quienes se niegan a aceptar el veredicto de las urnas de octubre pasado consumaran sus amenazas de abortar el regreso a la presidencia del líder pernambucano, fue territorio liberado para una movilización organizada desde distintos puntos del país que tuvo hasta escolta policial por la Explanada de los Ministerios. Así llegaron hasta las puertas del edificio del Congreso, primero de los escenarios de los desmanes. La violencia y la destrucción se adueñó luego de la sede del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país y el Palacio del Planalto, desde donde el primer mandatario de esta nación de casi 215 millones de habitantes ejerce sus funciones.
Mientras las imágenes causaban estupor y generaban rechazo y condenas políticas no sólo en Brasil sino en toda la región y buena parte del mundo, los interrogantes en torno a este grave atentado contra la democracia del país más influyente de Latinoamérica tenían en algunos casos respuesta cantada y en otros, dudas inquietantes.
¿Hasta dónde llegaría el descontrol de esa turba enceguecida por argumentos conspirativos agitados durante meses en las redes sociales? ¿Por qué la inacción cómplice de las fuerzas de seguridad de Brasilia tardó tanto tiempo en ser enmendada por una intervención federal a la policía y una suspensión al propio gobernador filobolsonarista del distrito federal? ¿Hasta qué punto el ejército o su cúpula actual se mantuvieron al margen o dieron un guiño cómplice a este ataque formal y material contra las instituciones? Y, tal vez, la más urticante de las preguntas: ¿Se identificará y hará justicia con los ideólogos o responsables intelectuales de estos hechos? Del tenor de las respuestas a estas y otras cuestiones dependerá la fortaleza de un gobierno de coalición que se gestó, como le dijo a Redacción Mayo meses atrás la politóloga Verena Hitner, para recuperar y defender la democracia y no solo ganar una elección.
Las líneas que siguen se escriben mientras la trama central de esta historia apenas comienza a desentrañarse e incluyen miradas y testimonios de brasileñas y brasileños sobre una sedición anunciada y obscena.
La esperanza y el miedo
Apenas habrían pasado 24 horas de que el biólogo y consultor ambiental Rodrigo Agra Balbueno repasara a través de una conversación telefónica desde Brasilia las emociones que había vivido entre el último viernes de 2022 y el primer domingo de 2023. Ese 1º de enero tomó por tercera vez posesión de la presidencia de Brasil el líder del Partido de los Trabajadores, ungido en una ceremonia cargada de simbolismos y convertida en multitudinaria fiesta popular.
Agra contó emocionado a este cronista las esperanzas que había despertado en él lo que significaba el final de cuatro años traumáticos de un gobierno que causó daños diversos y múltiples, pero que dejó visibles heridas en lo que es su objeto de estudio, trabajo y pasión: el medio ambiente y la Amazonia. También dio detalles de un encuentro con colegas, ecologistas y referentes de pueblos indígenas de Brasil, como Raoni Metuktire, el histórico líder del pueblo kayapó. En esa reunión, en la noche del 30 de diciembre pasado, se respiraba alivio por el cambio que suponía el regreso como ministra de Ambiente de Marina Silva, luego de superar las diferencias que en su momento la alejaron del segundo gobierno de Lula y el PT, en 2008.
Raoni fue uno de los ciudadanos que representando a diferentes grupos, minorías y sectores sociales traspasaron la banda presidencial a Lula, después de que tanto el ex presidente Bolsonaro (se fue dos días antes de la entrega del poder a Estados Unidos), como su vice, Hamilton Mourâo, se negaran a cumplir con la tradicional investidura que confirma el cambio de mando en la rampa del Palacio del Planalto.
Sin presidente saliente, la “faja” con los colores de la bandera y el escudo de Brasil fue colocada sobre la humanidad del ex tornero mecánico por Aline Sousa una joven afrodescendiente de 33 años que trabaja como recolectora de residuos. “Nunca había visto en Brasil una alegría colectiva semejante”, afirmó el biólogo Agra, quien con 57 años ha sido testigo de muchos hechos que hicieron historia en Brasilia, en su Porto Alegre natal, así como en las grandes metrópolis o los confines menos conocidos del Brasil profundo.
Su repaso de aquella jornada parecía dejar atrás los temores fundados que había sobre posibles incidentes o atentados anunciados por sectores radicalizados que se negaban desde antes del balotaje del 30 de octubre a aceptar una derrota en las urnas que, de antemano, calificaron de fraudulenta u orquestada en contra de su líder, Bolsonaro.
Tras un 1º de enero sin mayores sobresaltos y luego de días con primeras medidas de gobierno y asunciones de ministros, Brasilia tendía a recuperar su calma de capital atípica de la región. Quizá por eso sorprendieron los actos de vandalismo que, aunque fueron anticipados por previas manifestaciones, acampes y proclamas, tuvieron una magnitud inesperada y una coordinación en las sombras por parte de quienes no actúan a cara descubierta, ni en la primera línea de los incidentes que fogonean con mensajes inflamados de odio.
Vándalos con escolta
“Estos actos golpistas se anunciaron hace mucho tiempo. Todos los gobernadores y autoridades federales sabían que estaban tramando algo”, dijo desde Brasilia una periodista con larga trayectoria en medios.
“El gobernador del Distrito Federal, donde está Brasilia, designó como secretario de Seguridad Pública a Anderson Torres, quien precisamente fue el ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, hasta el último día de 2022. Y Anderson Torres viajó de vacaciones, dejando un suplente que liberó el paso de unos 150 buses con gente que viajaba a un acto contra Lula y contra la izquierda”, explicó la colega. Luego se supo que Torres se encontraba en Florida, el mismo estado al que viajó Bolsonaro dos días antes de que expirara su mandato y el territorio donde su “amigo” Trump cuenta con un exclusivo complejo hotelero al que alguna vez bautizó como “La Casa Blanca de invierno”.
“En mi opinión, el Ejército no debería haber permitido que manifestantes partidarios de Bolsonaro permanecieran frente a los cuarteles y sus instalaciones militares, como sucedió en todo Brasil y, principalmente, en Brasilia desde octubre en adelante”, agrega esta periodista, carioca de nacimiento, que elige el anonimato para dar sus respuestas.
Según ella, “lo peor para generar el clima actual de tensión y polarización fue el silencio del ex presidente Bolsonaro tras la segunda vuelta electoral”. “Ese -alega- fue quizá el detonante de la crisis. Primero calló y luego sus mensajes fueron ambiguos, de doble sentido, sin admitir que perdió…”.
Aunque a su juicio “lo peor ya pasó”, la comunicadora comparte el pensamiento de otros colegas y ciudadanos contactados por este medio en Brasil en el sentido de que “hay que detener y castigar a los responsables de lo ocurrido para que no sigan intentando derrocar o socavar la autoridad a un presidente elegido democráticamente”.
Escenarios y responsabilidades
Sobre las eventuales derivaciones y consecuencias de lo ocurrido el 8 de enero en Brasil, Redacción Mayo contactó también a Bruno Lima Rocha, politólogo, periodista y profesor de Relaciones Internacionales, quien viajaba desde San Pablo a Río el día después de los disturbios que en diversos ámbitos de calificaron como “actos terroristas”.
Preguntado sobre cómo cree que concluirá este desafío con atentados contra la democracia perpetrados en Brasilia, Lima Rocha expresó: “Hay interpretaciones aún abiertas. Una apunta a un cerco al bolsonarismo, en el cual tanto él mismo como su gente más cercana, sean evidente blanco de acción judicial y aislamiento político. Un importante síntoma en este sentido fue la presencia del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, en la reunión del lunes con Lula. Tarcísio es ex ministro de Bolsonaro y hasta el viernes fue un importante aliado”.
“Otra percepción es que seguramente las investigaciones llegarán a los financiadores de los actos, una especie de empresariado lumpen con muchas ganancias en el agronegocio. Pero el blanco estratégico, que es el Alto Comando de las Fuerzas Armadas, el que ha permitido los campamentos, el que ganó un importante avance en la administración de Bolsonaro y es pieza clave del golpe de 2016 y las amenazas de golpe en 2018, sigue sin ser tocado. Por eso la consigna nacional es ‘Sin Amnistía’”, enfatizó el politólogo brasileño en su análisis.
Acerca de los pasos que debiera dar el flamante tercer gobierno de Lula para evitar que hechos como los del 8 de enero se repitan, Bruno sostuvo que “las medidas son más delicadas; pasan por el Poder Judicial y la amplia presencia del STF (equivalente a la Corte Suprema de Argentina) en las investigaciones y la suspensión de la estructura de la extrema derecha”.
“De parte del Poder Ejecutivo -continuó- hay que encarar el desafío de instaurar una Justicia de Transición, responsabilizar los crímenes ocurridos en la pandemia y el rol de militares, autoridades policiales, fiscales y jueces en el avance fascista en Brasil. Siendo sincero, creo más en el primer accionar que en el segundo. Lula es muy hábil para crear alianzas pero no tiene reflejos de este orden, de tipo más duro”.
“Los tiempos son otros y las experiencias de Lawfare de Estados Unidos hacia Latinoamérica y después del trumpismo y el ‘trumpismo tropical’ puede haber cambiado un poco la situación en la mentalidad política de la socialdemocracia (el PT). La certeza es que hay reacción popular aunque inicial y mientras respondo a tus preguntas hay actos en todo el país contra los golpistas”, concluyó el profesor de Relaciones Internacionales.
Respaldo popular e internacional
La reacción a la que aludía Lima Rocha se evidenció el lunes en multitudinarias concentraciones en respaldo a la democracia y al actual gobierno, que ganaron las calles de las principales urbes del país. En esos actos, como en espontáneas proclamas en universidades y organizaciones sociales y sindicales la consiga “sin amnistía” se volvió clamor.
Para un Ejecutivo liderado por el PT pero en el que tienen cabida al menos nueve partidos políticos que van de la izquierda a la derecha, más liderazgos independientes y territoriales (algunos de zigzagueante historia) estaba claro que no sería tarea sencilla unificar prioridades y satisfacer demandas. Tal vez la irracionalidad que domina a los derrotados en una elección polarizada desde la primera vuelta ayude a fortalecer a una mayoría que, como tal, tiene el derecho a ser respetada y a fijar el rumbo.
Queda por ver si quienes conformaron ese 49 por ciento que no ganó se atienen a las reglas de la democracia o siguen atados a los dictados de dirigentes mesiánicos que construyen su realidad o su post verdad con base en fake news y mensajes que se repiten como letanías por algunos predicadores non sanctos.
Por ahora, la firma conjunta de las más altas autoridades de los tres poderes constitucionales de un acta en defensa de la democracia o el ver a Lula y los 27 gobernadores federales, descendiendo con sus manos entrelazadas por la rampa del Planalto, tienen fuerte valor simbólico pero deben ser acciones refrendadas con decisiones concretas de Estado.
Además del respaldo casi unánime de las fuerzas políticas brasileñas contra los vandálicos sucesos de Brasilia, Lula cosechó una cadena de solidaridad y apoyos internacionales sin fisuras. Las voces de respaldo fueron desde la Argentina de Alberto Fernández al México de Andrés Manuel López Obrador, pasando por todos los gobiernos latinoamericanos afines, como Colombia, Chile, Bolivia; o los de signo diferente como Uruguay o Ecuador. Hubo rápida condena a los golpistas, desde Joe Biden a Vladimir Putin, pasando por Xi Jinping, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o Giorgia Meloni. Cada quien con sus razones e intereses, pero nadie en el mundo parece dispuesto a una ruptura violenta o una regresión autoritaria en Brasil. Al menos no en esta coyuntura global.
Sin embargo, el resiliente y veterano mandatario brasileño, con 77 años y mucha historia a cuestas sabe que todo ese apoyo interno y externo puede ser estéril si no se resuelven cuestiones urgentes que tenía en su agenda y ahora sufren este contratiempo. Y aquí a Lula tal vez le sirvan las reflexiones de su viejo amigo y ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica sobre lo acontecido en estos días.
“Lo de Brasil fue una cosa pensada, no tiene nada de espontáneo. Debió haber participado gente de mucho poder, no fue una protesta de masas. Detrás de esto hay años de prédica de Bolsonaro, que creó camadas de fanáticos ciegos que se creen los salvadores de la patria”, dijo Pepe al programa Crónica anunciada de la radio FutuRock.
“No creo que estas cosas puedan voltear al gobierno ni dar un golpe de Estado… Están tratando de funcionar como un burro de arranque, para la actitud que asuman las fuerzas armadas…que los milicos salgan de los cuarteles… Hay que dejarse de especulaciones esotéricas; Eso no quiere decir que los tipos que destrozaron todo sean conscientes de eso, pero los que están detrás de esto es lo que están pensando”, sentenció Mujica.
Brasil vive horas decisivas en estos días. En apenas una semana pasó de vivir quizá una de sus más multitudinarias fiestas cívicas a sumergirse en la zozobra e incertidumbre por el futuro inmediato de sus instituciones. La promesa que formuló Lula el primer día de 2023 de “reconstruir juntos” el país tal vez tenga más escollos que los que figuraban en el inventario de hambre, desigualdad, pobreza y polarización política que dejó como legado su antecesor, el mismo Bolsonaro que los medios más influyentes y el establishment económico entronizaron por acción u omisión cuatro años atrás en el poder.
El artículo fue publicado en Redacción Mayo.