Una resolución del Juez Daniel Strassorier, del juzgado de Control, Niñez, Juv. y Penal Juv. y Faltas de Villa Carlos, cambiará desde ahora el modus operandi en que deberán accionar las empresas contratadas para la construcción de la Autovía ruta 38.
En la resolución del Juez, ante el pedido de Hábeas Corpues presentado por la dr. Marcela Fernández en representación de los vecinos auto convocados de San Roque a raíz de los incidentes que ocurrieron en el lugar el pasado 21 de agosto en la Comuna de San Roque. VER: Represión de la policía a ambientalistas en protesta por el avance de obra de la Autovía
En la resolución, el Juez exhortó a las autoridades de la Comuna de San Roque y al Ministerio de Gobierno de la Provincia (Secretaría de Seguridad) y Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, para que elaboren en un plazo de 30 días un protocolo de actuación conjunta que satisfaga el acceso a la información y prevenga situaciones como las presentes, implementando mecanismos de diálogo, y en última instancia y sólo ante casos de notoria gravedad, apelar a la fuerza pública.
Asimismo, el Juez consideró que en ese momento que: “Los residentes de la localidad de San Roque no tuvieron mayores alternativas de acción en pos de impedir la supuesta destrucción ilegal del bosque. Entender, contrariamente, que debieron canalizar sus reclamos por ante las vías judiciales pertinentes importa exigirles tolerancia sobre lo que podría haber sido un daño actual e irreversible.”
Y refuerza el concepto luego, en la extensión del fallo: “Reitero: se trató estrictamente de una resistencia espontánea ante el avance de una empresa (privada) contratada por el Estado provincial, sin que se hayan puesto en crisis otros derechos individuales o sociales elementales. Más aún, los vecinos actuaron en la creencia (legítima y genuina) de estar defendiendo zonas especialmente protegidas (ley 8066) de un ataque ilegal.”
Asimismo, el Juez intima al estado público a contemplar el derecho de los vecinos de manifestarse: “Si se considera entonces que, frente al poder político, económico e institucional del Estado provincial, se erigió una cantidad no mayor de manifestantes, residentes de una localidad sin un fuerte poder político o económico, es posible concluir que estos últimos se hallaban en una situación de inferioridad, por lo que se les debe garantizar, consecuentemente, con mayor vigor, el derecho a que sus voces o peticiones sean escuchadas y tratadas. Y esto es así, máxime, si la empresa habría ampliado el radio de acción para realizar una limpieza, pudiendo los vecinos por eso creer (razonablemente) que se trataba de una modificación de la traza para lo cual tal empresa no contaba, para ellos, con la debida licencia.”
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