La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad en esa causa.
En un escrito de 619 páginas al que hoy tuvo acceso Télam y que está fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También por el hundimiento ocurrido en noviembre del 2017 los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones
Además, Yañez sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
En el caso de Macri consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía “no es de naturaleza técnico-militar, pues esta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos”.
Evaluó que Macri no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión arribó en el caso de Aguad.
“Luego de las pruebas colectadas hasta el momento no surge que el ingeniero Mauricio Macri ni el doctor Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino Ara San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder”.
Por ello descartó la posibilidad de efectuar imputaciones, como solicitó la abogada Valeria Laura Carreras en virtud de la representación unificada (con Fernando Burlando y Lorena Arias) de diversos querellantes.
“Semejante conclusión corresponde efectuar”, continuó la magistrada, en relación al entonces Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur, hoy en situación de retiro.
“Pues si bien los imputados dependían orgánicamente de su Jefatura, las tareas y funciones que tenían asignadas reglamentariamente eran de tal magnitud que obstaban a vigilar paso a paso la actividad de sus subordinados”, añadió.