Luego de la maratónica Audiencia Pública que llevó más de 6 días de exposiciones a favor y en contra, la Secretaría de ambiente de Córdoba analiza solicitar algunas modificaciones al proyecto original para dar el aval necesario para su construcción.
La Licencia Ambiental podría demorarse algunas semanas ya que son tantos los cuestionamientos y detalles observados durante la audiencia pública, que los técnicos de esa dependencia se tomarían un tiempo prudencial para analizar los cambios.
Según informó en la mañana del domingo el diario La Voz del Interior, fuentes cercanas a la evaluación del proyecto dan por “casi seguro” que si Ambiente firma el aval, al menos impondría algunas exigencias adicionales, incluyendo un cambio parcial del trazado en el tramo que atraviesa el yacimiento de uranio entre Santa María y Cosquín.
“Seguramente habrá que modificar algo en el diseño de la traza. En particular, donde pasa sobre el yacimiento de uranio. En el estudio presentado vemos que hay zonas de ese tramo donde se requiere movimiento de suelos. Pediremos ahí cambiar la traza para cumplir con el compromiso asumido y con la exigencia que planteó la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”. publica el medio cordobés como frase de esa misma fuente.
El organismo ligado a la energía nuclear advirtió que la obra no generaría riesgos por el uranio, mientras no se remuevan suelos.
El Foro Ambiental Córdoba alertó que el proyecto oficial detallaba los movimientos de suelo previstos pero llamativamente excluía al tramo del yacimiento y, ante la ausencia de información, calculó junto a geólogos especializados que según la traza demarcada se deberían extraer unos 80 mil camiones en esos cinco kilómetros y excavar en algunos puntos más de 20 metros.
La misma fuente oficial anticipó ahora que “hay que garantizar que se cumpla ese compromiso de que no se retirará material sino que se agregará otro arriba, como terraplenados”.
Otro punto que casi seguramente sería agregado como nueva exigencia al proyecto de la autovía –según trascendió– es que el Gobierno provincial contrate y sume un estudio adicional sobre riesgos para la salud del uranio en la zona, presente en la tierra, el aire o el agua.
Otro aspecto muy cuestionado es que la traza elegida pasará, en un 76 por ciento, por zonas de monte nativo que la propia Provincia admitió como de máxima conservación en la ley de bosques vigente.
En principio, dominaría la visión oficial de que no hay modo de evitar ese impacto pero se exigiría “un compromiso más explícito” para que por las 143 hectáreas que el proyecto admite que desmontará para la obra, “se reforesten otras 451 y con la máxima densidad, de 400 árboles nativos por hectárea”.