La Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano analiza por estos días unas 25 mil imágenes producidas por las cámaras de seguridad del edificio que habitaba Alberto Nisman, 45 mil llamadas y 250 informes vinculados a los peritajes de elementos tecnológicos secuestrados a los imputados de la causa en la que se investiga el supuesto homicidio del fiscal de la causa AMIA.
A cinco años de que Nisman fuera encontrado muerto en el baño del departamento que ocupaba en una lujosa torre de Puerto Madero y a más de dos desde que el juez Julián Ercolini consideró un “homicidio” al hecho, los investigadores no lograron dar aún con indicios que permitan despejar los puntos más débiles de la investigación: quién fue el supuesto homicida y como entró y salió del complejo Le Parc sin ser visto.
Por lo pronto, Taiano -que tiene delegada la investigación- recibió a fin de año pasado el
“análisis pericial complementario” realizado por el área de cibercrimen de la Gendarmería
Nacional sobre elementos tecnológicos secuestrados en noviembre de 2017 en el marco de los allanamientos llevados adelante en los domicilios de los cuatro imputados de la causa, según señalaron las fuentes consultadas.
La Fiscalía también recibió información extraída del sistema de control de acceso y visitas de la Casa Rosada y se encuentra bajo estudio de los investigadores, según pudo saber Télam.
23 mil fotos
En el último tiempo, la fiscalía que tiene delegada la investigación recibió además el estudio de la actividad captada por las cámaras de seguridad que incluye más de 23 mil fotografías del fin de semana de la muerte de Nisman.
Más allá de la información que está siendo analizada por estos días, Taiano evalúa la
posibilidad de mandar a juicio oral a los custodios acusados de haber descuidado al fiscal
Alberto Nisman.
Fuentes judiciales dejaron trascender que Taiano viene trabajando en los detalles de la eventual elevación a juicio del tramo de la causa por la que fueron procesados los policías encargados de la custodia y el traslado del entonces fiscal del caso AMIA.
Guardias imputados
Los acusados de haber desprotegido a Nisman son los policías que estuvieron a cargo de la
custodia el sábado 17 de enero de 2015, Néstor Durán y Rubén Benítez, y los que estuvieron el 18, Luis Miño y Armando Niz, cuando fue hallado muerto en el baño del departamento que habitaba en Puerto Madero.
Los cuatros custodios fueron procesados por la supuesta comisión del delito de violación de sus deberes de funcionarios públicos mientras que Benítez, Miño y Niz también fueron procesados por el delito de encubrimiento.
En el mismo tramo de la causa se encuentra procesado el técnico en informática Diego
Lagomarsino como partícipe necesario del supuesto asesinato de Nisman, por ser el dueño del arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal.
A pesar de que el procesamiento contra Lagomarsino está firme -su defensa no lo apeló con el objetivo de llegar más rápido al juicio oral para poder defenderse-, fuentes judiciales señalaron que la fiscalía considera que su situación aún no terminó de ser investigada.
La muerte de Nisman fue calificada como “homicidio” a partir de un informe elaborado por la Gendarmería Nacional -por requerimiento del juez Ercolini y el scal Taiano- que contradijo, entre otras, la opinión del cuerpo médico forense que había descartado la intervención de terceras personas en el hecho.
En junio de 2018, la Cámara Federal porteña avaló el trabajo de Ercolini y Taiano cuando en un fallo en el que sostuvo que “se encuentra prima facie acreditado que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.
Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento la noche del 18 de julio de 2015, a 4 días de haber presentado una denuncia contra el entonces gobierno kirchnerista en la que sostenía que la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán tenía por objetivo dar impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
El fiscal aseguraba que con la firma de ese memorándum se caerían las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes investigados por la justicia argentina, algo que desmintió el entonces titular de la policía internacional, Ronald Noble, en un artículo publicado por Página/12 la mañana del día en el que Nisman sería encontrado muerto.