Por Fernando Mateo. En el mes de abril de este año, un grupo de diputados nacionales pertenecientes al bloque de la coalición gobernante a nivel nacional, lanzó una propuesta vinculada a la posibilidad de aprobar un aporte solidario por única vez como paliativo a la crisis económica desatada por la pandemia.
Según los trascendidos, dado que no hay proyecto de ley que haya tomado estado legislativo, la pretensión es recaudar extraordinariamente mediante un mecanismo que, de aplicarse, gravaría a las grandes fortunas con un porcentaje que rondaría el uno o dos por ciento. La medida afectaría a un universo aproximado de once mil personas que cuentan con un patrimonio personal de tres millones de dólares o más.
Ciertamente, una medida como la descripta, está destinada a generar polémica. Teniendo en cuenta que, por historia y por un insistente discurso antiestatista y antipolítico, el sentido común de la ciudadanía es, generalmente, refractario a este tipo de propuestas. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en diversos sondeos de opinión la posible medida haya tenido un grado de aprobación social muy alto, aún entre votantes de la coalición Juntos por el Cambio. Aunque, por el momento, el debate en Argentina se ha enfriado, en el Reino Unido los sondeos de opinión en la población arrojan números similares a favor de un impuesto a las grandes fortunas.
No debería llamarnos tanto la atención este movimiento de la opinión pública a favor de una medida de tal magnitud en diversas latitudes de este mundo hoy hiperconectado. En los últimos años, han tomado estado público cómo dueños de grandes fortunas evaden impuestos a través de la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales diseminados en diferentes partes del mundo. El mayor escándalo estuvo vinculado a los denominados Panamá Papers que, salvo en nuestro país, provoco la implosión de autoridades políticas en distintos países. Si esto no fuera suficiente, diversos informes de organizaciones internacionales dan cuenta del grado de concentración de las riquezas producidas en el mundo en pocas manos, mientras las grandes mayorías de la población mundial luchan día a día para alimentarse.
Atentos a las desigualdades creadas por un sistema orientado a la creación de riquezas en torno a la fracción financiera del capital, economistas prestigiosos, algunos de ellos ganadores del premio Nobel de Economía, como los noteamericanos Paul Krugman y Joshep Stiglitz, el indio Amartya Sen, el argentino Bernardo Kliksberg o el francés Thomas Piketti, vienen advirtiendo desde hace años los efectos destructivos de la desigualdad, la concentración de la riqueza, la reproducción de la pobreza en el mundo y el rol central del Estado como agente de cambio de esta situación. Pero, en estos días, las y los que llamaron la atención sobre estas problemáticas no son profesores universitarios de economía sino los propios portadores de grandes fortunas.
En efecto, Millonaires for Humanity (Millonarios por la Humanidad) publicó una carta en el periódico británico The Guardian donde le solicitan a los gobiernos que les cobren más impuestos. ¿De quiénes se trata? Millonarios por la Humanidad (https://www.millionairesforhumanity.com/) son un grupo de 83 multimillonarios de diferentes países que afirman “pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente.” Un antecedente previo a esta organización de multimillonarios a nivel mundial fue la constitución de los denominados Patriotic Millonaires.
Desde 2010, este grupo de millonarios norteamericanos promueven la suba de la carga tributaria a los ricos para disminuir la desigualdad de ingresos. En una entrevista de febrero de este año, Morris Pearl, ex director de Black Rock -una de las firmas de inversión más importantes del mundo y, a la sazón, uno de los tenedores de deuda argentina-, afirmaba que hay un capitalismo que funciona y otro que no funciona. El capitalismo que funciona es aquel que promueve una mayor justicia impositiva para llevar adelante una política redistributiva.
El capitalismo que funciona es aquel que sube el salario mínimo de las trabajadoras y trabajadores, crea una clase media y trabajadora próspera que consume y crea un círculo virtuoso con la producción. El capitalismo que funciona es el que invierte a largo plazo, logrando un equilibrio social que asegure la convivencia democrática y una sociedad más igualitaria.
Mientras que en nuestra América Latina, la región más desigual del mundo, se debate encarnizadamente la posibilidad de aplicar mayores cargas tributarias a las grandes fortunas personales, millonarios del mundo y estados capitalistas prósperos como el alemán, alientan políticas impositivas progresivas sin que el sistema tiemble y sin caer en los debates anacrónicos, maniqueos, reduccionistas y destinados a generar confusión entre capitalismo y comunismo.
Lamentablemente, mientras cedamos nuestra reflexión frente a los cantos de sirena, declaraciones como la del actual Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, que se reproducen intensamente en estos días en las redes sociales, difícilmente llegaremos a los acuerdos necesarios que nos permitan comprender el necesario rol del Estado, el lugar de las iniciativas privadas y los equilibrios sociales imprescindibles para lograr una convivencia democrática inclusiva y auténticamente igualitaria.
