El reclamo de prohibición de las cabinas sanitizantes que sostienen diferentes sociedades científicas desde fines de abril se materializó en una medida cautelar que solicita al Ministerio de Salud de Nación que “suspenda la comercialización y utilización destinada a seres humanos” de estos dispositivos no autorizados por la Anmat y desaconsejados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La “medida cautelar autónoma e innovativa” fue presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal por la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), una asociación civil que agrupa a sociedades, profesionales y técnicos dedicados a esta transdisciplina que estudia las amenazas y vulnerabilidades socioambientales.
El escrito busca preservar “la salud pública y el derecho a la salud de aquellos ciudadanos que son expuestos –sin razones científicas que lo justifiquen- a ‘cabinas sanitizantes’ o ‘túneles de desinfección'” como medida para evitar la diseminación de la Covid 19, “hasta tanto se dicte una resolución definitiva en el marco de un procedimiento administrativo” que inició la organización ante el Ministerio.
En diferentes hospitales, cárceles, municipios y comercios del país se instalaron cabinas sanitizantes de este tipo, que se venden en Mercado Libre a precios que van desde los 8.000 a los 630 mil pesos y se alquilan desde 1.200 pesos mensuales.
Según la SIBSA, se trata de estructuras con forma de túneles, gabinetes o cabinas con capacidad para contener a una persona de pie, que al ingresar es blanco de diferentes procedimientos de desinfección, ya sea por rociado de productos químicos como amonio cuaternario, povidona yodada, cloruro de benzalconio y peróxido de hidrógeno, exposición a ozono o radiación con rayos ultravioleta de tipo C (UV-C).
La Sociedad Iberoamericana alertó que si bien estas cabinas ya existían y se usaban en objetos, como vehículos, instrumental quirúrgico y camillas, la pandemia de coronavirus trajo como novedad experiencias de aplicación en personas.
Los Ministerios de Salud de Colombia, Perú, México, Uruguay, Chile y España ya las prohibieron, mientras en Argentina la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que “las cabinas sanitizantes o túneles de desinfección no se encuentran autorizadas” por este organismo en el país.
“Si bien determinados productos utilizados por este tipo de mecanismos se encuentran inscriptos ante la ANMAT, su eficacia y seguridad está demostrada para el uso en superficies inertes, no contándose con evidencia que demuestre su eficacia y seguridad para aplicarse sobre personas con el fin de descontaminar para Covid-19”, dijeron fuentes de la ANMAT.
Además, advirtieron que “al ser aplicados sobre las personas, aún en baja concentración o por tiempo breve, pueden causar potenciales efectos irritantes para la piel y mucosas, reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto respiratorio”.
Por otro lado, la OPS sostuvo en un comunicado que su uso “no se recomienda en humanos”, porque además “no son efectivos para inactivar el virus” y “pueden conducir a una mayor dispersión involuntaria” de este patógeno.
Sin efectividad en personas
Un pronunciamiento en el mismo sentido emitieron 12 sociedades científicas e instituciones nacionales, internacionales y globales, entre las que se encuentra SIBSA, la Asociación Toxicológica Argentina (ATA), el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales.
“Hay una tozudez de ponerle algo encima a las personas: nadie dice que no tengan efecto desinfectante pero tienen indicaciones perfectamente reglamentadas que no incluyen su uso en personas”, dijo a Télam el médico toxicólogo Sergio Saracco.
Este integrante del comité científico de ATA explicó que “tradicionalmente” las cabinas sanitizantes se emplearon para “el control de la dispersión de ciertos patógenos” a la entrada o salida de una determinada área sensible pero exclusivamente para “desinfectar superficies sólidas de objetos” y no personas, “del mismo modo como se aplica la lavandina sobre la mesada y no para bañar un hijo”.
Saracco, quien además es jefe del Departamento Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza y docente de las universidades nacionales de Mendoza y de Cuyo, afirmó que “es un procedimiento ideado para escenarios ocupacionales específicos que requieren garantizar altos niveles de bioseguridad”.
“Las personas que trabajan en espacios de alto riesgo infectológico pueden pasar por estos túneles pero encapsulados dentro de un traje impermeable, para la descontaminación del equipo y no de la persona”, explicó.
Es que con estos “trajes de astronauta”, el individuo “tiene una protección mucoso, respiratoria y cutánea del 100%”, agregó.
La OPS advirtió también que “los productos químicos utilizados para el rociado y otros compuestos como el ozono, causan daños en los humanos, como irritación en la mucosa, la piel, los ojos, el sistema digestivo, y las vías respiratorias”, mientras que la radiación con UV-C puede producir además “quemaduras solares, lesiones oculares y cáncer”.
Saracco destacó que son procedimientos que sólo actúan sobre las superficies expuestas y “no tienen efecto residual”, es decir, “actúan sólo en el momento”.
“Por otro lado, la carga viral sobre la ropa es despreciable, entonces es mayor el riesgo que el beneficio”, dijo.
Además, estos desinfectantes no son efectivos para inactivar el virus en humanos porque éste “está en el interior de las personas”, que no dejarán de transmitirlo a través de las secreciones por más que usen la cabina.
“Por eso decimos que es una verdadera trampa, porque creen que ya no necesitan mantener la distancia social y cubrirse la boca si todos están ‘desinfectados'”, concluyó.
