El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, sostuvo que las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por coronavirus “no se van a decidir sin antes escuchar a la víctima” y aclaró que la acordada de la Justicia Federal al respecto señala “expresamente que se excluye” del beneficio a detenidos por delitos violentos, graves, de violencia de género y contra la integridad sexual.
En ese sentido, el magistrado explicó que “no hay una norma general y que cada juez estudia el caso y resuelve la situación ante cada pedido, siendo el mismo juez el más interesado en que se cumpla la condena que dictó con anterioridad”.
Además, precisó que “en el último mes, en la Cámara ingresaron 600 pedidos y solo 6 personas fueron autorizadas a la prisión domiciliaria, lo que sería el 1 por ciento” y aclaró que “en total, fueron autorizados unos 200 detenidos en todo el país”.
Otro de los puntos que aclaró fue que “la medida es una decisión extraordinaria que sólo durará hasta que se termine la pandemia del Covid-19”.
Entre los requisitos que deben cumplir los detenidos por la justicia federal es que hayan cometido “delitos no violentos, que tengan penas inferiores a los 3 años, que no sean reincidentes, sean mujeres embarazadas, personas que están en situación de peligro o presos que les falta menos de 2 meses para concluir con su condena”, precisó.
También están excluidos de recibir la prisión domiciliaria aquellos que han sido detenidos por reiteradas violaciones a la cuarentena.
En cifras, Borinsky señaló que en el caso de la justicia federal “hay 14 mil personas detenidas en el servicio penitenciario con delitos de narcotráfico, secuestros extorsivos, lesa humanidad y delitos de funcionario público; esos son los casos que están bajo la competencia de la Cámara de Casación Penal en todo el país”.
Y agregó: “El Servicio Penitenciario Federal realizó un informe en el que afirma que 1.280 detenidos están en condiciones de recibir la prisión domiciliaria por tener algún tipo de riesgo de salud al contraer Covid-19. De esas 1.280 personas, hay que separar a los que cometieron delitos graves y también a aquellos que ya hayan violado la cuarentena”.
