El Gobierno oficializó este sábado el aumento de salarios de 4.000 pesos para los trabajadores del sector privado, que serán a cuenta de futuras paritarias, según el Decreto
Se dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y
trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a 3.000 pesos desde este mes y, a partir de febrero, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de 1.000 pesos.
El incremento previsto deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias, y no
deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado especícamente para este incremento.
Además, para facilitar el control por parte de los trabajadores, deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente, denominado “incremento solidario”.
Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los
trabajadores percibirán el incremento en forma proporcional.
En tanto, las pymes que cuenten con Certicado MiPyME vigente quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias.
También podrán ser eximidas del pago las que no hubieran obtenido el certificado y lo
obtengan en dentro del plazo de 60 días corridos a partir de este sábado.
Igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de lucro. Quedan excluidos los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público Nacional, del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
El decreto agrega que “sin perjuicio de ello, a través de la Comisión Nacional Del Trabajo agrario y de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras”.
El decreto da cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Omar Moroni.
