Por Carlos Gonella*. En los últimos días volvió a ocupar el interés de los medios nacionales el caso de Víctor Hugo Saldaño, el único ciudadano argentino condenado a muerte por inyección letal en el estado de Texas, Estados Unidos.
Su caso siempre revitaliza el debate sobre la pena de muerte. No obstante la discusión no termina allí. Porque Estados Unidos, tal como lo afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, violó los derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad, libertad y dignidad de Saldaño, quien lleva más de 20 años en el “corredor de la muerte”.
Víctor Hugo Saldaño nació en Córdoba en el seno de una familia de clase media, en octubre de 1972. Su padre abandonó el hogar cuando Víctor tenía solo tres años. Antes de finalizar el colegio secundario se fue a recorrer el continente. Por Salta pasa a Bolivia, de allí a Brasil donde logra encontrar a su padre. Llega a México y reside un tiempo hasta que cruza ilegalmente la frontera y se radica en Texas, en un barrio marginalizado, con muchos conflictos generados por la discriminación racial.
Allí se hace amigo de un mexicano, Jorge Chávez, con quien en 1995, ambos borrachos y drogados, secuestran a Paul Ray King, un vendedor de computadoras de Texas. La víctima intentó escapar y fue ejecutado, tras lo cual le sustrajeron un reloj y u$ 50. Saldaño fue detenido casi de inmediato con esos objetos en su poder.
En pocos meses, durante 1996, fue condenado a muerte por aplicación de inyección letal en una corte del estado de Texas. Entre los fundamentos de la sentencia se mencionó a sus orígenes sudamericanos para proyectar una “peligrosidad futura”. Sus abogados apelaron el fallo por considerar que ese argumento violaba su derecho de defensa pues implicaba un trato discriminatorio en razón de su nacionalidad.
En 1999 la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena porque la consideró discriminatoria. Dispuso que se haga un nuevo juicio. No obstante, ese mismo año Saldaño fue puesto en el “corredor de la muerte” que es el lugar donde los condenados a inyección letal en Texas esperan el momento a ser ejecutados. Allí estuvo casi siete años hasta que en 2005 fue nuevamente condenado a muerte. Pero para entonces, tras varios años en esa situación, su salud mental ya estaba visiblemente deteriorada.
Cuentan las crónicas que Saldaño durante el juicio lucía ensimismado, hamacándose, leía revistas y hasta se masturbaba, es decir, era completamente ajeno a lo que ocurría.
Su defensa nuevamente apeló la condena, sosteniendo esta vez, que se violó su derecho al no considerar su salud mental y por tanto, su capacidad para estar en juicio.
El Departamento de Estado planteó que se trataba de un caso de “interés diplomático” y por tal motivo solicitó al juez de la condena que diera intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo órgano en la región que se encarga de interpretar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En 2016 la Comisión emitió un informe cuyas conclusiones afirman que EE.UU. violó los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad, seguridad y de defensa de Saldaño, al haberlo condenados dos veces, primero, a partir de prejuicios raciales y luego sin recaer en el mal estado de su salud mental. Consideró además que la cantidad de años que estuvo encerrado en el “corredor de la muerte” esperando el momento de su ejecución, constituyó un trato inhumano y degradante, una verdadera tortura, porque fue sometido a exigencias que sobrepasaron lo que legalmente estaba obligado a soportar.
En octubre de este año el organismo internacional se reunió en Quito, Ecuador, y ratificó su informe instando a EE.UU. que cumpla con sus recomendaciones; además solicitó que se retire a Saldaño del corredor de la muerte y se le brinde atención mental adecuada.
El caso llama siempre al debate sobre la pena de muerte, pero esta vez, como dijimos, sobrepasa esa cuestión. Ya no implica solamente la discusión acerca de si estamos o no de acuerdo en que los Estados puedan o no matar personas que cometen delitos graves. Si no de cómo un Estado particular (Texas), violó los más básicos derechos humanos de una persona, al someterlo a un trato tortuoso y degradante que terminó por afectar su salud mental. Entonces, en definitiva, ahora se trata de que Estados Unidos se arroga el derecho a torturar. Y como es de costumbre, poco le importa lo que digan los organismos internacionales al respecto.
*Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba
