Ahora será el máximo tribunal norteamericano quien tendrá hasta fin de julio para tomar una decisión final sobre la jurisdicción en la que se deberá definir la causa.
La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó como un buen anuncio. Se especulaba con que bajo las buenas relaciones entre Turmp y Macri harían, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que desde Buenos Aires el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y luego liquidar el pasivo que deje la causa.
Como es difícil que la Corte dé vuelta una decisión o recomendación del Ejecutivo de EE.UU. -y menos cuando fue el máximo tribunal quien le pidió esa opinión- se especula que la resolución final será la de que el caso permanezca en territorio norteamericano.
La Corte deberá resolver posteriormente si mantiene los dos fallos negativos contra el país de primera y segunda instancia o si, por el contrario, determina que es la Argentina la que tiene razón.
La causa por la re nacionalización de YPF volvería así a la comarca de Loretta Prieska, la jueza que heredó el caso de Thomas Griesa y que falló a favor de los demandantes en primera instancia. Si esto sucede, y es lo más probable, quedará firme que el país deberá pagar un monto aproximado a u$s1.750 millones originales de la demanda, más intereses y punitorios. A esto se le sumarían otras causas paralelas (Eton Park) que esperan resolución de este caso, con lo que el monto final se ubicaría entre los u$s2.500 a 3.000 millones.
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional.
Este compró la causa a la Justicia española en menos de u$s30 millones, reclamando por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior.
