En ese mismo lugar su padre y su hermano aún esperan una posible deportación a Argentina.
“Esperamos que Daniela pueda regresar con sus amigos y su comunidad en Mississippi en breve para continuar con su vida cotidiana y seguir sus sueños”, agregó el comunicado, firmado por su abogada, Abigail Peterson.
Los abogados de Vargas no especificaron si la liberación implica que no será deportada.
Sin embargo, señalaron que el procedimiento abierto por los escritos presentados ante la Justicia para exigir que se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad de expresión de Vargas continúa.
La “dreamer” había sido detenida el 2 de marzo por agentes de inmigración en la ciudad de Jackson, en Mississippi, minutos después de que denunciara en una conferencia de prensa la detención de su padre y de su hermano en un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Vargas y su familia abandonaron la provincia de Córdoba en la crisis de 2001 y, aprovechando que por entonces los ciudadanos argentinos no necesitaban una visa especial, viajaron a Estados Unidos sólo con sus pasaportes y una autorización automática para quedarse tres meses como turistas.
Nunca se fueron y nunca pudieron regularizar su situación; excepto la más joven de la familia, Daniela, quien aprovechó la iniciativa impulsada en 2012 por Obama para dar un marco legal a jóvenes inmigrantes sin papeles que llegaron de muy niños con su familia, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La prensa y el propio Obama rápidamente bautizaron a estos jóvenes como dreamers (soñadores).
En esa ocasión, oficiales del ICE esposaron a Daniela, quien fue rápidamente liberada por estar amparada por el Programa DACA, una de las pocas políticas inmigratorias de Obama que Trump prometió mantener.
Vargas dejó vencer el plazo de renovación de su status de DACA porque no tenía los 495 dólares necesarios para pagar el trámite.
De hecho, no hacía mucho había tenido que abandonar sus estudios en la Universidad del Sur de Missisipi para convertirse en profesora de matemática por la misma razón.
El trámite para renovar el status de DACA por dos años representa más del 40% del salario mínimo de un empleo de tiempo completo.
Finalmente, Vargas logró reunir el dinero y presentó los papeles. Al día siguiente, su familia fue detenida y ella comenzó una lucha pública por evitar su deportación.
Hace unas semanas, Trump había dado la orden de priorizar los arrestos y las deportaciones de los inmigrantes sin papeles que tengan cualquier tipo de antecedentes judiciales, inclusive una infracción de tránsito. Sus abogados remarcaron hoy que Vargas no entra en esa categoría.
En su defensa los abogados de la joven cordobesa argumentan que las autoridades estadounidenses no deberían castigarla por violar un beneficio migratorio -como el que gozaron los ciudadanos argentinos entre 1996 y 2002- ya que sólo tenía siete años cuando viajó a Estados Unidos y excedió su estadía legal de tres meses.
El caso de Vargas alimenta aún más el clima de tensión e incertidumbre que viven millones de inmigrantes en Estados Unidos desde la asunción de Trump el 20 de enero pasado.
