Contenido Exclusivo. Poco se supo tras conocerse a través de los medios que una mujer trabajó cómo falsa médica durante los últimos años en la salud pública y privada de Carlos Paz. En las últimas horas trascendió que la acusada requirió ante la Justicia mantener su libertad durante la investigación que se inició en la Justicia local.
Carlos Paz Vivo! tuvo acceso exclusivo a información judicial respecto a la investigación que lleva adelante el fiscal Ricardo Mazzuchi contra la mujer que durante los últimos tres años ejerció la profesión de medicina sin contar con título habilitante en el “Hospitalito” de barrio Colinas, además de prestar servicio en empresas de emergencias de nuestra ciudad y centros de salud privados.
La fuente confió que la acusada “es investigada desde algunos días antes de que el caso trascendiera mediáticamente”, a raíz de la denuncia presentada por el municipio carlospacense.
Esta situación motivó a la mujer a buscar un abogado para ponerse a disposición de la Justicia, a la vez que “requirió mantener la libertad mientras dure la investigación”, aseguraron a este medio. Su predisposición a los requerimientos de la Fiscalía y la solicitud específica es una estrategia con el fin de evitar su detención ante cualquier presunción de riesgo procesal.
¿La acusada está prófuga?
“No, en absoluto. Dejó asentado ante la Fiscalía un domicilio de Carlos Paz”, aseguró esta calificada fuente de la Justicia local.
Trascendió que la mujer, de iniciales M.S.A., “conoce perfectamente que se lleva a cabo una investigación pero hasta el momento no fue notificada por una imputación, sencillamente porque hasta este miércoles no se ha dispuesto ninguna”.
No lo confirmaron, pero la imputación sería oficial en el transcurso de la semana próxima ya que continúan acumulando “un volumen importante de pruebas” y “analizando detenidamente las acusaciones y sus alcances”.
Más de diez allanamientos
En el marco de esta investigación, el fiscal Mazzuchi ordenó diez allanamientos en Carlos Paz, los cuales se llevaron a cabo en el domicilio de la acusada, en la vivienda de sus padres y en los lugares de trabajo, tanto en la salud pública como privada.
“Hay mucha documentación secuestrada en todas estas locaciones”, aseguraron. “El municipio y los centros privados de salud pusieron inmediatamente a disposición toda la documentación que tenían, pero de todas formas estos lugares fueron allanados para cumplir con el protocolo para este tipo de investigaciones”.
