La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una ley para engrosar los recursos humanos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), a través de la incorporación de personal capacitado académicamente en instituciones de formación de las Fuerzas Armadas de la República Argentina.
El proyecto aprobado fue iniciado por los legisladores Miguel Siciliano y Nadia Fernández.
Contempla la modificación del artículo 88 de la Ley 10.227, Ley Provincial Antinarcotráfico, referida a la incorporación de personal idóneo proveniente de las Fuerzas Armadas para ocupar cargos de oficiales y suboficiales, es decir que hayan obtenido los títulos correspondientes.
La extensa sesión plenaria fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Arrancó a las 17.25 del miércoles y finalizó pasadas las 3 de la madrugada del jueves.
Ingreso a la FPA
Más exactamente, la nueva ley brinda la posibilidad de que personas con formación en las Fuerzas Armadas ingresen a la FPA tras cursar y aprobar un trayecto formativo específico orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba.
Fernández explicó la iniciativa y dijo que “la cantidad de miembros actuales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico es insuficiente”, por lo cual resulta necesario incorporar personal. Asimismo, precisó que esta nueva ley permitirá aportar a la FPA “más de mil efectivos candidatos postulados para su capacitación”.
A su turno, Siciliano destacó: “La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Esto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”. Y completó después: “Es necesario reforzar el recurso humano de la Fuerza Policial Antinarcotráfico a los fines de imposibilitar el avance del delito de narcotráfico y asegurar las fronteras de nuestra provincia”.
El texto de la ley modificada agrega, respectivamente, los siguientes segundo y tercer párrafo: “Podrá también solicitar la incorporación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en los grados y categorías que correspondan, de las personas que hayan obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las fuerzas armadas de la República Argentina, necesarios para acceder a los grados de oficiales o suboficiales de dichas instituciones”.
Y luego: “Será condición para hacer efectiva la incorporación prevista en el párrafo anterior el cursado y la aprobación por parte de los aspirantes del o de los trayectos de formación profesional con orientación en persecución del narcotráfico, aprobados por la autoridad educativa de la Provincia de Córdoba, en las condiciones que establezca la reglamentación”.
En horas de la noche, asumió la conducción del pleno el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima. Más tarde, Prunotto retomó el mando de la sesión.
Ministerio Público de la Defensa
Durante la sesión de este miércoles, el pleno legislativo aprobó la modificación de los artículos 6 y 12 de la Ley Nº 10.915, del Ministerio Público de la Defensa, en lo referido a su integración y funciones.
Así, con la nueva ley la institución provincial se equipara con la conformación del Ministerio Público Fiscal al quedar integrada por un defensor General, cuatro defensores Adjuntos y los defensores Públicos de los diversos fueros. Por otra parte, se establece que para las dos Defensorías Adjuntas creadas quedarán reservadas a una la competencia específica en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, y, a otra, la competencia en materia civil y de familia.
Sobre el tema, el legislador Matías Chamorro informó que el 90 por ciento de las víctimas de violencia familiar y de género acceden a las defensorías públicas; que este año las denuncias aumentaron 67 por ciento, y que se realizaron 5.600 audiencias de violencia familiar, entre otras estadísticas.
En este sentido, sostuvo: “Dotando de especificidad a estas defensorías adjuntas que estamos ampliando se mejora a toda la institución de la defensa pública”. Y continuó: “El objetivo es permitir que los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad tengan acceso a la justicia. Es una decisión oportuna y necesaria”.
En este sentido, cabe señalar que el gobernador Martín Llaryora envió este miércoles a la Legislatura los pliegos de las personas propuestas para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Defensa.
Así, en los próximos días serán evaluados en la Unicameral los antecedentes de Guadalupe García Petrini y Néstor Alejandro Gómez, propuestos para ser defensores Adjuntos.
Designación de funcionarios judiciales
La Unicameral también aprobó los pliegos enviados por el Ejecutivo provincial para designar a varios funcionarios judiciales.
En este sentido, quedaron nombrados la abogada Mariana Beatriz Miseta como vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Trabajo y Familia, perteneciente a la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero; el abogado Facundo Lisandro Recalde como defensor en la Asesoría Civil de Tercer Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; el abogado Sebastián Monjo como vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María; y el abogado Francisco Matías Gordillo Saravia como vocal de Cámara en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Asimismo, se aprobó el pliego del Ejecutivo provincial del padrón de aspirantes a magistrados y funcionarios reemplazantes elevado por el Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 y concordantes de la Ley 8.435 y el artículo 104 inciso 42 de la Constitución de Córdoba.
